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El diputado Rubén Guajardo Barrera, de la comisión legislativa de Justicia, lamentó que, en el conflicto de Villa de Zaragoza, no se haya podido llegar a acuerdos definitivos por una orden de restricción que recién tramitó la edil Paloma Bravo García en contra de sus opositores.
El congresista, quien estuvo acompañado por la diputada Marite Hernández Correa y los legisladores Pedro César Carrizales Becerra y Héctor Mauricio Ramírez Konishi, señaló que la alcaldesa “está en todo su derecho de persistir en la vía jurídica, presentando demandas y tramitando ahora una orden de restricción para siete personas del grupo que se opone a ella, pero creo que eso no abona a la solución del conflicto”.
Debido a esa orden de restricción, a la reunión convocada ayer por el Congreso, acudió una comitiva muy diferente por parte del grupo que se mantiene en posesión de la presidencia municipal.
Guajardo Barrera expresó que “es muy difícil concretar avances cuando en cada reunión se debe tratar con personas diferentes” y recordó que, si bien el Poder Legislativo puede actuar como árbitro en este conflicto político, “la gobernanza en el municipio es totalmente responsabilidad de la alcaldesa”.
