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Personal del Hospital Central “Ignacio Morones Prieto” realizó una “inadecuada prestación del servicio público” en la atención a una madre y su bebé, cuyo infante en la actualidad todavía se encuentra internado, reveló una investigación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Precisó que el niño de 1 año 11 meses de edad se encuentra conectado a un ventilador para que le proporcione oxígeno que lo mantenga con vida y se alimenta por sonda de gastrostomía.
Derivado de los hechos descritos, el organismo autónomo local emitió la Recomendación No.17/2019 a Francisco Alcocer Gouyonnet, directora gubernamental de dicho nosocomio gubernamental.
De acuerdo con la información radicada en el expediente de queja 1VQU-278/2018, la mujer embarazada acudió el 27 de agosto de 2017 a la Clínica Rural 15 del IMSS, ubicada en el municipio de Charcas, pero por la situación del caso fue trasladada a la institución capitalina.
Fue hasta el 11 de septiembre de 2017, todavía encontrándose internada comenzó con dolores inherentes de parto a las 31.2 semanas de gestación, por lo que requirió la realización de diversos estudios, y a las 18:40 horas, se reportó líquido amniótico con aspecto turbio y se decidió interrupción de embarazo vía abdominal.
No obstante, quedó en espera de completar ayuno y a las 22:00 horas de ese día fue enviada a quirófano, donde tuvo que esperar para ser intervenida puesto que no había disponibilidad en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN).
Los datos recabados por la CEDH, con base en los datos del nosocomio, detallaron que se requería de un espacio para el feto ya que las condiciones prematuras de su nacimiento lo ameritarían, por lo cual, tres horas después ocurrió el nacimiento, es decir a las 01:07 horas del 12 de septiembre de 2017.
Según un Perito Especialista del Colegio de la Profesión Médica del Estado, las omisiones y acciones indebidas se fundamentan en que la parturienta estuvo internada 17 días, bajo tratamiento médico y monitorización de bienestar fetal y cuando se decidió interrupción de embarazo, el complejo hospitalario no contaba con la incubadora en la UCIN, lo que obligó a retraso del procedimiento quirúrgico y los resultados ya comentados del neonato.
La opinión del experto fue que el servicio no fue adecuado ni oportuno, desde el momento que se indica la interrupción pasaron tres horas hasta que pasó a quirófano con pérdida de bienestar fetal (liquido meconial) en acidosis metabólica.
Por ende, “se encontraron elementos suficientes que permitieron acreditar violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud y a la vida en agravio de la madre y su bebé atribuibles al Hospital Central”, señaló.
Por lo anterior, la CEDH recomendó: mantener la atención médica eficiente, eficaz y de calidad al infante; colaborar en la inscripción de las dos personas en el Registro Estatal de Víctimas; en caso de un caso similar, prever de manera inmediata y oportuna las condiciones de disponibilidad desde los primeros datos de emergencia; y que la Contraloría Interna del hospital inicia una investigación al respecto.
