A-AA+
En su momento, se informó a las personas que participaron en un estudio realizado sobre contaminación en un río de Jalisco, informó Gabriela Domínguez Cortinas, investigadora de la Facultad de Medicina de la UASLP y responsable técnico de la investigación.
Recientemente se dio a conocer que el Gobierno del Estado jalisciense ocultó dicho reporte elaborado en 2011, que entre otras cosas detectó que la población infantil presentaba enfermedades relacionados con la exposición ambiental al cuerpo de agua.
Rememoró que la sociedad civil afectada logró captar la atención de la Organización Panamericana de la Salud, la cual intervino para sugerir a la CEA, que en ese entonces también contemplaba la construcción de la presa Arcediano, detener cualquier proyecto nuevo de obra en tanto no se hiciera un estudio de riesgo en salud de la población, asociado al citado problema.
Ante ello, indicó que la UASLP fue invitada para elaborar el mismo, al tratarse de una institución externa a la problemática y sin ningún conflicto de interés, aunado a su experiencia en toxicología y en salud ambiental.
La experta en toxicología ambiental, precisó que, tras la conclusión de la investigación, la UASLP entregó los análisis de los resultados clínicos en sobre cerrado y dirigido a cada persona participante, es decir, 230 niños y alrededor de 220 adultos, equivalente a cerca de 160 familias.
Asimismo, añadió que entregó la misma a la Comisión Estatal del Agua (CEA), instancia que al evaluar que excedía su competencia para actuar, le solicitó acudir a los Servicios de Salud del Estado para presentar la información detectada.
Acotó que, en el convenio firmado con la CEA, se establecieron cláusulas, entre ellas una de cesión de derechos y confidencialidad, considerando que la autoridad jalisciense sería la única y competente para hacer el manejo y la transferencia de la información como lo decidiera.
Enfatizó que la UASLP no era el canal ni tenía la competencia jurídica de informar públicamente el informe, sin embargo, sí cumplió con su responsabilidad de transmitir la información, mediante los medios legales a su alcance, en este caso, a los pobladores estudiados y a las otras instancias gubernamentales.
Cuestionada sobre si en un caso hipotético la UASLP hubiera divulgado los datos confidenciales, respondió que los científicos habrían incurrido en una falta legal donde se prevén penas administrativas y de cárcel.
“Vale la pena decir, que fue un estudio que fue motivado por la movilización social en Guadalajara, en la cuenca del río Santiago por muchos problemas de contaminación del río ya de tiempo atrás”, destacó.
Referente a qué opina de las voces mediáticas que aducen omisión de la UASLP por no divulgar el informe, dijo que hay grupos opositores a la Universidad que pretenden golpearla con “cualquier excusa”, así como desconocimiento profundo de las cláusulas de confidencialidad, de las regulaciones y del manejo de la información sujeta a leyes.
“La Universidad no se puede convertir en una institución que rompe leyes, porque ahorita estaríamos demandados y algunos de nosotros en la cárcel, por haber hecho las cosas de manera ilegal”, expresó.
El estudio se denomina “Propuesta metodológica para la implantación de una bactería de indicadores de salud que favorezcan el establecimiento de programas de diagnóstico, intervención y vigilancia epidemiológica en las poblaciones ubicadas en la zona de influencia del proyecto Presa Arcediano en el estado de Jalisco”.
Según el memorándum UEAS-SP-199/2011 de la CEA de Jalisco, fechado a 21 de octubre de 2011, el proyecto a cargo de Domínguez Cortinas tuvo un protocolo validado por la Dirección General de Regulación Sanitaria de los Servicios de Salud y la Organización Panamericana de Salud (OPS), en referencia al cumplimiento de los requisitos de seguridad y bioética de ambas instituciones.
