Banco Mundial falla a favor de México tras litigio por taxímetros

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- Tras casi seis años de litigios, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial, emitió el laudo final en el que rechazó las reclamaciones de Espíritu Santo y L1bre Holding.

CIADI rechaza reclamaciones de Espíritu Santo y L1bre Holding

Las empresas acusaron al Gobierno de la Ciudad de México de retirarles la concesión para la instalación y mantenimiento de taxímetros en la capital del país.

Las demandantes argumentaron que esto viola sus derechos según el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

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El arbitraje se inició en mayo de 2020, y las dos empresas reclamaron 2 mil millones de dólares por daños y perjuicios.

Laudo final confirma cumplimiento de México

Ello porque "entre 2016 y 2018, trataron de poner en marcha un proyecto de taxímetros digitales en la Ciudad de México. A su consideración, el proyecto fracasó por supuestos actos del Gobierno de la Ciudad de México e, inclusive, alegaron que las autoridades capitalinas buscaron apropiarse de la aparente tecnología para dicho proyecto".

En un comunicado, la Secretaría de Economía dijo que el CIADI emitió el laudo final, el 26 de marzo de 2026, "en el que rechazó todas las reclamaciones y confirmó que las autoridades de la Ciudad de México no incumplieron con las obligaciones internacionales de México".

De acuerdo con la dependencia también se "determinó que las empresas demandantes deberán pagar a favor del Estado mexicano montos por concepto de gastos y costos asociados al arbitraje".

Para el gobierno mexicano "en esencia, la mayoría del Tribunal concluyó que no existió evidencia que demostrara las reclamaciones de las demandantes" y citó lo dicho por el CIADI de que en "la medida en que no existen pruebas de que (México) haya "destruido" ... la inversión de las Demandantes ... Más bien, dicho fracaso fue el resultado de sus propias acciones".

El arbitraje lo llevaron funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas legales Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y Tereposky & DeRose.