> Costos ocultos > Pleito olvidado
La reforma judicial parece una maldición de la que quienes pertenecen a uno de los tres poderes del estado no pueden escapar.
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Se sabía que el proyecto impulsado por Andrés Manuel López Obrador para desmontar a la vieja Corte y sus demás instancias iba a ser muy caro.
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Y sí lo fue, pero además, generó insidiosos efectos colaterales que estarán vigentes durante mucho tiempo.
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Es el caso de los laudos laborales generados el año pasado. Por coincidir con la transición entre las versiones antigua y nueva del Poder Judicial, no es descabellado atribuir que los litigios en materia laboral se dispararon a raíz del enorme cambio de 2025.
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Casi 185 millones de pesos están en juego en los tribunales por juicios presentados en 2025, luego de que un año antes, los litigios sumaron 100 millones de pesos.
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Con este lastre, las penurias del Poder Judicial del Estado, ya serias desde hace tiempo, se agudizan. Los documentos presupuestales de los últimos años reiteran los problemas de financiamiento del gobierno del estado. Y los laudos le agregarán más presión. El costo de una ocurrencia.
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La intempestiva salida de Fernando Chávez como secretario general del ayuntamiento capitalino es un golpe severo para el gobierno de Enrique Galindo.
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Que el alcalde diga al respecto que no sabe los motivos de la decisión de su excolaborador es un indicio de que más que salida acordada, se trató de una ruptura.
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Se había olvidado el conflicto, otro más, entre la alcaldía capitalina y el gobierno estatal, en torno a la Zona Industrial.
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El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona presentó una iniciativa de reforma al decreto que crea esa zona fabril a fin de permitir la entrada de establecimientos con un rubro distinto al industrial, para lo que fue pensada y creada.
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Así, negocios como establecimientos comerciales y de servicios podrían abrirse, lo que no fue bien visto no sólo por el ayuntamiento, sino por los propios industriales.
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De ahí que la presidencia municipal interpusiera una controversia constitucional contra el decreto, pues sintió algunas de sus atribuciones afectadas.
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La SCJN está deliberando el asunto, lo que ha paralizado cualquier cambio, hasta en tanto no se resuelva la controversia.
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El asunto no pinta bien para el gobierno estatal, pues al parecer se ha detectado un exceso de atribuciones municipales.
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Sería un revés severo para un gobierno que se siente con derecho de extender su influencia en cada ámbito del servicio público.
