Agua: la guerra inútil
El Parque Tangamanga I se ha convertido en uno de los más recientes frentes en la guerra que sostienen el gobierno del estado y la alcaldía capitalina en torno al agua.
Concretamente, la contaminación del lago mayor del área verde con aguas negras. El origen del líquido contaminante ha sido objeto de debate entre ambos niveles de gobierno, y, en última instancia, quién es la responsable de la contaminación.
Una obra municipal, descargas irregulares de fraccionamientos o de grandes negocios cercanos al parque, fugas en la infraestructura hidráulica interna del parque y las dos plantas tratadoras que existen en el parque han sido manejadas como origen de la contaminación, sin que hasta el momento se defina la causa real.
Esta polémica demuestra la triste realidad de que, en lugar de una coordinación para enfrentar un problema tan grave como la falta de agua, existe una pugna estéril entre ambos niveles de gobierno, que sólo perjudica a la ciudadanía.
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El asunto inició a principios de marzo, cuando se detectó la llegada de aguas negras al lago del parque. La primera piedra la aventó la CEA, al atribuir la polución a una fuga generada por la lejana obra municipal del desnivel de Sierra Leona, lo que fue desmentido por el ayuntamiento, que la atribuyó a descargas residenciales.
Luego, el Interapas indicó que las aguas negras venían del propio parque, por una fuga en la red interna del parque.
Obvio, el revire no cayó bien en la CEA, que contratacó indicando que las plantas tratadoras, administradas por el Interapas, eran las responsables, por arrojar excedentes no tratados.
Ayer se dio el último capituló del culebrón, con el alcalde Enrique Galindo atribuyendo la fuga contaminante al centro comercial Walmart, colindante con el parque. ¿Verdadero culpable o chivo expiatorio? Lo veremos más adelante.
Pero también ha hecho surgir un dato poco conocido sobre las tratadoras del parque: la intervención de la iniciativa privada en el manejo de esas instalaciones y un reciente relevo empresarial que resulta llamativo, en función al escenario más reciente de la controversia de las aguas negras en el lago del parque.
Los antecedentes del asunto: de acuerdo a documentación del Interapas, el 29 de abril de 2016, la Comisión Estatal del Agua (CEA) firmó con el Interapas un contrato de prestación de servicios de operación y mantenimiento de tres plantas tratadoras de aguas residuales, la norte y dos en el parque Tangamanga, además de un cárcamo que se ubicaba en el predio que albergaba la Cancha Morelos, en el centro. Quedaban excluidos los colectores vinculados, que eran parte de otro contrato de la CEA con la empresa Proagua Potosí.
El acuerdo trascendió administraciones estatales y municipales, pues primero tuvo una vigencia de 2016 a 2021.
En noviembre de ese año, ya cuando Ricardo Gallardo Cardona y Enrique Galindo Ceballos eran gobernador y alcalde, respectivamente, se acuerda que el Interapas siga operando las plantas del parque.
Pero aunque el Interapas tiene las plantas en comodato, no las maneja, pues a su vez, firmó un contrato de servicios de operación y mantenimiento de las plantas y el cárcamo, con empresas privadas.
De acuerdo a la cuenta pública del Interapas correspondiente al ejercicio 2024, en diciembre dicho contrato correspondía a dos empresas: Soluciones Medioambientales en Agua, Reuso y Tecnología SA de CV y Veolia Agua Centro Sa de CV.
La segunda no le genera buenos recuerdos a la CEA. Veolia era la empresa madre de Artesa, la compañía operadora de la planta tratadora del Tanque Tenorio, con la que hubo una ruptura nada amistosa, que se estaría dirimiendo en tribunales.
El mismo documento se esbozaba un desacuerdo en los pagos del Interapas hacía las empresas, pues señalaba que al cierre del año, se revisaba la cobertura de dos estimaciones que sumaban 6.8 millones de pesos
Algo sucedió a fin del año pasado, pues en el primer informe financiero mensual de 2025, el Interapas señalaba que a partir del 1 de enero, el contrato de prestación de servicios se había concedido a otra empresa: Grupo EITA Multiservicios Industriales Operativos y Administrativos SA de CV, una empresa potosina. Además de la operación y mantenimiento de las plantas, se agregaba el tratamiento y disposición de los lodos.
La cuenta pública presenta otro dato llamativo: el contrato sólo tiene una vigencia de un mes, del 1 al 31 de enero, por un pago de tres millones y medio de pesos.
¿El cambio de empresa estaría relacionado con el misterio de la contaminación? ¿Cuál fue la causa del relevo en el contrato? ¿Por qué se le dio un sólo un mes de duración al nuevo operador?
Las preguntas son pertinentes, pero accesorias al problema principal: la enemistad de ambos niveles de gobiernos en materia de agua amplifica los problemas y aleja la posibilidad de soluciones rápidas.
Postura
Desde este espacio, el que escribe expresa su solidaridad con el periodista Juan José Rodríguez Medina. Que el entramado legal sirva de escudo a quienes en la vida pública se aprovechan del poder y buscan evadir el escrutinio de esas acciones, es una falla que la sociedad mexicana debe remediar.
Opacidad castrense
El estilo militar de realizar obra pública llega a San Luis Potosí, y eso implica que quien pretenda obtener información de ésta se va a topar con la más estricta opacidad castrense.
En febrero pasado, el proceso de modernización del aeropuerto de Tamuín se sacudió la inmovilidad de meses y presentó avances.
Se hicieron "públicos" (y esto es un decir, como se verá más adelante) los Estudios de preinversión para la modernización del Aeropuerto Nacional de Tamuín, S.L.P. bajo el número de expediente 2507H0C0006 en la lista de la cartera de inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Lo presenta la empresa de larguísimo nombre de Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos, Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V. (GAFSACOMM).
Se trata de la empresa de participación estatal mayoritaria creada en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el 13 de abril de 2022 y que fue entregada a los militares para que concretaralos proyectos más preciados de la 4T: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el Tren Maya, varios hoteles desperdigados por la península y la nueva versión de Mexicana, operada por la Aerolínea del Estado Mexicano SA de CV.
Entre los fines de convertir a los militares en empresarios era dotar a esos proyectos de un escudo castrense contra una situación que más ha despreciado la 4T: la transparencia.
Y es que el argumento de la seguridad nacional, que obliga a la reserva de datos que estén relacionado con aquella, le cae como anillo al dedo para ocultar los datos de proyectos que han sido polémicos.
En esa esfera ha caído el aeropuerto tamuinense. Su proyecto de modernización cumple en julio de este año seis años. A pesar de ser considerado "prioritario" por el gobierno federal, sus avances han sido lentísimos: la construcción de una barda perimetral y la ampliación territorial a través de expropiaciones han sido las únicas acciones concretarse.
Cuando fue anunciado por AMLO en julio de 2019, se valuó en mil millones de pesos la inversión pública del proyecto.
Originalmente, el aeropuerto lo administraba Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), dependencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero luego fue entregado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), junto con otro puñado de aeropuertos menores desperdigados en el país.
Los avances han sido esporádicos. Terminó el sexenio de López Obrador y casi no hubo avances. En marzo del año pasado, GAFSACOMM realizó en Valles una ceremonia para tomar protesta a un Consejo Consultivo del proyecto, formado por autoridades locales y representantes civiles. Ahí se anunció que la remodelación iniciaría ese año, y que se concluiría este 20255. El cálculo fe demasiado optimista.
En diciembre del año pasado, una despistada Yolanda Cepeda, secretaria de Turismo estatal, dijo que en marzo estarían comenzando las obras.
Está por terminar el mes y nada. Quizá la proyección más certera venga de la Secretaría de Desarrollo Económico, cuyos funcionarios fueron enterados en una reunión con autoridades federales involucradas que el proyecto iniciaría "en algún momento del sexenio".
Y para allá apunta el hecho de que apenas en febrero se dé el registro del estudio de preinversión.
La información manejada por la SHCP indica que el costo ascenderá a 65.5 millones de pesos y su fin es "establecer el alcance de las obras de rehabilitación y ampliación de las instalaciones, así como el desarrollo de las factibilidades del proyecto". El proyecto se realizaría entre marzo y diciembre de este año. Es decir, apenas están empezando la etapa preliminar.
Pero además de la tardanza en concretarse, la remodelación del aeropuerto huasteco también es afectado por la opacidad.
Al realizar un proyecto, cualquier dependencia federal debe registrarlo ante la SHCP, entregando estudios en los que se enlisten acciones, costos, proyecciones, cronogramas, beneficios a la población y otros indicadores.
En el caso del proyecto aeropuortario están registrados el cálculo de indicadores de rentabilidad y la evaluación socioeconómica.
Quien acceda a esos documentos no encontrará un solo dato en las 42 páginas del archivo PDF y en las tres tablas de Excel que los militares entregaron a la SHCP.
Esto porque el documento está íntegramente testado. Sólo aparecen parches negros que ocultan toda la información.
No se informa cuál es la justificación legal de la reserva, con lo que la opacidad toma un carácter arbitrario.
Hasta la localización geográfica del proyecto, que todo mundo sabe dónde se ubica, está testada.
Prácticamente, lo único que la empresa de la Sedena se permitió publicar fue el logotipo del aeropuerto tamuinense.
Y eso que el INAI aún no desaparece.
La única página legible de las 42 que componen el expediente del proyecto aeroportuario de Tamuín es la portada. El resto están testadas totalmente, como la de la derecha.
