TOPAR CON PARED

La ocurrencia gallardista, disfrazada de iniciativa remunerada del Ceepac, de reformar la ley para que en el 2027 todas las candidaturas a gobernante sean para mujeres, pronto topó con pared tanto a nivel nacional como local y será combatida judicial y políticamente. Nada de esto sorprende, pues desde sus inicios fue un proyecto cuestionado por su escaso sustento jurídico y contraposición con diversas normas de la Constitución federal, además del que probablemente sea su defecto mayor: está encaminado a beneficiar intereses particulares. 

En la escala nacional, la presidenta Sheinbaum no dudó en expresar su desacuerdo con la llamada Ley Gobernadora, mediante el recurso de poner en duda su constitucionalidad y pedir al expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, hoy colaborador suyo, el análisis y dictamen correspondientes. Morena y el PAN ya anunciaron que impugnarán mediante una Acción de Inconstitucionalidad, la cual decide final y definitivamente la misma SCJN.

En ambos casos, sin duda estará presente eso que los potosinos hemos ido aprendiendo a fuerza de hechos: No importa tanto lo que dice la ley como la interpretación que de su texto hagan los magistrados y ministros. Si para impugnar su constitucionalidad confluyen dos o más recursos con la misma y única desembocadura de la Suprema Corte, difícilmente se favorecerá el proyecto gallardista.

Desde esta perspectiva, complicada más aún por el hecho de que está en proceso de elaboración una amplia iniciativa federal de reformas constitucionales y legales en materia electoral, que será la matriz para adecuaciones estatales, la pregunta que todo mundo se hace es, en términos coloquiales, ¿a qué le tira Gallardo Cardona abanderando causas con tan pocas probabilidades de éxito". 

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Una teoría que intenta responder a esa pregunta es que el mandatario potosino se propone llegar a la mesa de las decisiones con la mayor cantidad de fichas posibles para negociar en mejores condiciones. Tales fichas incluirían una amplia estructura partidista con operadores de campo y elementos capacitados para la promoción y vigilancia del voto; la candidata que puntea en las encuestas de intención de voto, posibles alianzas con el PRI y el MC por si Morena le hace el feo, caudales suficientes, y hasta una ley a modo (si antes no se la tumban en tribunales).

A partir de esa posición, tendría la posibilidad de negociar con fuerza suficiente, aún si la candidatura gubernamental le fuera negada a su esposa, para levantarse con cuatro o cinco diputaciones federales y, lo que más le importa, las presidencias municipales de la Capital, Soledad y Pozos, por lo menos. La primera, por su peso político y económico, la segunda, por ser la cuna del gallardismo, y la tercera, por intereses inmobiliarios.

Hay quienes piensan también que su acumulación de fichas es para que si se ve obligado a ir aliado con Morena, su "peso" político sea tal que pueda proponer al candidato(a) a gobernador(a). Nunca ha admitido, ni lo hará, que si bajo su liderazgo el Verde juega solo en el 2027, puede perder la gubernatura y las otras posiciones que le interesan. Además, claro, de que un indeseable desacuerdo con los verdaderos líderes y dueños del PVEM a nivel nacional, lo deje sin franquicia para registrar candidaturas. Su propósito de tener un partido propio fracasó con el Movimiento Laborista Potosino que en sus primeras elecciones perdió el registro.

Sobre esta posible explicación, un conocedor del tema me hizo el comentario de que Gallardo debería ser en extremo cuidadoso y no excederse en sus pretensiones, pues corre el riesgo de que le hagan un arqueo y descubran que sus fichas doradas en realidad son de plástico. Como, por ejemplo, la solidez de sus amarres con la mayoría de los alcaldes, que cada vez están más irritados por el trato que reciben, incluidas obras en las que ni opinión les piden y construyen contratistas que ni conocen y que "se reportan" con todos menos con ellos.

Por último, a propósito del lastimoso papel del Ceepac, que además de arrastrado mendicante está por quedar de incompetente jurídicamente justo en lo que es su materia de trabajo, un amigo abogado me hizo la siguiente observación: "Si los consejeros del Ceepac tan preocupados estuvieran de la equidad de género vía acciones afirmativas, debieron proponer en su iniciativa que en el 2027 todas las candidaturas fueran para mujeres indígenas, mucho más marginadas que las mujeres en general". Tiene razón, pero eso no fue lo que les ordenaron. 

POLITICA DE JUZGADOS

No consigo recordar un gobierno potosino que se haya visto inmerso en tantos litigios y, lo que es peor, con resultados tan mayoritariamente adversos. Pocas veces como ahora y aquí resulta tan acertado el concepto de judicialización de la política (o de la administración pública).

En los días que corren, están impugnados o en vías de serlo, las reformas al Código Penal promovidas por Héctor Serrano relativas al uso de la Inteligencia Artificial. Lo mismo sucede con la designación, hecha por el Congreso, de Patricia Aradillas como concejal presidenta de Villa de Pozos. Tenemos luego el cese masivo y a todas luces ilegal de los demás concejales regidores y síndicos de allá mismo y, de manera sobresaliente, la llamada Ley Gobernadora. El recorte, por arbitrariedades diputadiles hijas del despecho, aplicado al subsidio estatal 2026 para la UASLP, también se va a litigar pero, de entrada, en instancias administrativas como la SEP.

Lo que caracteriza estos contenciosos es que, en opinión de expertos, prácticamente todos esos casos apuntan a que serán perdidos por el gobierno estatal. El único donde recogimos opiniones jurídicas divididas es en el del nombramiento de Aradillas. En los restantes, hay unanimidad de opiniones en que si se resuelven sin consignas, los va a perder la administración gallardista. 

Y el denominador común no es que sean cosas correctas mal implementadas, sino que son cosas incorrectas, fuera de los alcances legislativos o ejecutivos de este gobierno, que a más de cuatro años sigue sin reconocer los límites legales y políticos de sus facultades. 

En esta materia, el pasado no permite ser optimistas. Sin que sea una lista exhaustiva, ustedes recordarán que la Seduvop tuvo que modificar el proyecto de regeneración urbana en San Miguelito, luego de que los vecinos ganaron un amparo para que las cosas se hicieran bien y no a su antojo. Lo mismo sucedió con el Parque de Morales, donde el gobierno se metió arbitrariamente a hacer lo que le dio la gana, hasta que igualmente vía un juicio de amparo la organización civil Cambio de Ruta obligó a suspender acciones. El proyecto de un cristo gigante en la Joya Honda está parado, y lo más probable es que ya nunca se realice, porque hay una declaratoria federal que protege ese paraje.

Hay otros desatinos legales que no han llegado a tribunales porque en la pasada legislatura tuvieron el mínimo decoro de guardarlas en un cajón y ahí mantenerlas con diversos y cada vez más imaginativos pretextos. Sobresalen dos: la reimplantación de la pena de muerte y la castración a violadores. Ninguna ha caminado porque simplemente chocan de frente con la Constitución General de la República. De la primera ya ni se habla. De la otra, primero se habló de castración física, poco después se dijo que sería química y luego que únicamente para violadores reincidentes. Como de cualquier manera iba contra la norma suprema, se habló de que sería voluntaria; es decir que se aplicaría únicamente si el sentenciado lo aceptaba. No me lo crea, pero parece que van en que se aplique solo a culpables de pelo chino y ojos azules.

Entre los casos destacados ya perdidos irremediablemente por el gobierno estatal, sea por cuenta de su Ejecutivo o de su Legislativo, está la revocación del castigo impuesto al exalcalde Xavier Nava; la decisión de que aquí el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial fuera unitario, cuando la Constitución mandataba que debía ser colegiado, mínimo con tres magistrados. Así se hizo.

El problema con el exceso de judicialización de la política y la función pública, es que consume muchos esfuerzos y recursos, fácilmente evitables, si tan solo se contara con abogados perspicaces, diputados y consejeros electorales que caminaran en lugar de arrastrarse y un mandatario algo sensato.

COMPRIMIDOS

No sé con exactitud cuánto tiempo hará ni en qué caso se dio, pero tengo la impresión de que hace un buen rato que la fracción morenista en el Congreso del Estado no votaba unánimemente en un mismo sentido. De sus seis integrantes, dependiendo del tema a discusión, por lo general uno(a) o dos, no siempre los mismos, votaban distinto del resto de sus compañeros. De hecho, el alineamiento de los legisladores guindas para votar en contra la Ley Gobernadora, debió leerse correctamente en Palacio de Gobierno y reconsiderar el intento.

Los pleitos entre los diputados y la Universidad se están dando en términos equivocados. Los primeros tienen como destinatario de sus ataques al rector Alejandro Zermeño, pero en realidad a quien afectan es a toda la institución con su comunidad de casi 40 mil integrantes. Zermeño los desairó, pero con el respaldo del Consejo Directivo Universitario y de núcleos importantes de maestros y alumnos. Es decir, no se manda solo y, peor aún, los daños infligidos son para toda la UASLP.

Por cierto, a manera de subproducto de los avatares de la cosa pública en estas tierras, han aparecido dos nuevos mitos políticos: que el Congreso del Estado y el Ceepac se mandan solos; que sus iniciativas y ocurrencias son propias y que son capaces de pensar bajo su propio riesgo. Alienta estos fenómenos el hecho de que el gobernador no gusta reconocer sus desaciertos y cada vez más busca la manera de endilgárselos a sus tontos útiles.

Le salió tan bien la primera vez eso de adelantarnos el Día de los Santos Inocentes que la lideresa priista decidió repetir color. Luego de su dislate con los ostentosos regalos que les rifó a los diputados el gobernador, ahora Sara nos viene a decir que quiere ser la próxima gobernadora. ¡Hágame usted el favor!

No sé por qué, pero tengo la firme sospecha de que en el lado poniente de la plaza de armas le están poniendo mucha atención a los casos penales de los ex gobernadores Javier y César Duarte, cuyas primeras esgrimas con la ley parecía que las iban a ganar y podrían disfrutar tranquilamente de lo que se robaron, pero con el cambio de Fiscal general el santo se les volteó de espaldas. Y feo.

Hasta el segundo jueves de enero próximo. ¡Felices fiestas!