Congreso de El Salvador aprueba nueva prórroga del régimen de excepción

SAAN SALVADOR (AP) — El Congreso salvadoreño aprobó el martes una nueva prórroga del régimen de excepción que suspende garantías constitucionales como parte de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas, en una medida que cuestionan organismos de derechos humanos pero que según el gobierno busca erradicar "remanentes" de estos grupos.

Congreso extiende régimen de excepción para seguridad

Con la 48va. prórroga, que estará en vigor del 2 al 31 de marzo de 2026, se cumplen cuatro años de vigencia de esta política de mano dura impulsada por el gobierno que ha declarado una "guerra sin cuartel" a las maras o pandillas que por más de tres décadas han aterrorizado a la población de la nación centroamericana.

En su solicitud para extender la medida, el gabinete de Seguridad argumentó que han capturado pandilleros a los que les han decomisado armas de fuego y drogas, así como a personas vinculadas supuestamente a extorsiones contra comerciantes y "miembros remanentes" de estas bandas criminales que, afirma, intentan aparentar no tener vínculos con pandillas.

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Durante el debate en el Congreso dominado por el partido de Bukele se ausentaron los dos diputados de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), de oposición.

Debate y cifras sobre régimen de excepción

El jefe de la fracción del oficialista Nuevas Ideas, Christian Guevara, aseguró que "las pandillas están debilitadas, pero existen" y que no han desaparecido. Advirtió que si no se combaten pueden regresar "con mayor agresividad".

Después de que en tan sólo un día de 2022 las pandillas asesinaron a 62 personas en todo El Salvador, el Congreso aprobó a fines de marzo de ese año el régimen de excepción a solicitud de Bukele para combatir a las pandillas, las cuales según las autoridades operaban en el 90% del territorio e impartían su propia justicia, extorsionaban y asesinaban.

El estado de excepción suspende derechos fundamentales, incluido el de ser informado de los motivos de la detención y el de tener acceso a un abogado. Además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y la detención sin audiencia se prolonga de 72 horas a 15 días.

Dentro de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito el pertenecer a una banda delictiva, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.

Desde que entró en vigor la medida, las autoridades dicen haber capturado 91.300 acusados de pertenecer supuestamente a las pandillas o tener vínculos con estos grupos criminales. Bukele ha dicho que 8.000 personas que eran inocentes han sido liberadas.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos aseguran que han registrado más de 6.000 denuncias efectuadas por víctimas bajo el régimen de excepción y documentado al menos la muerte de 488 personas bajo custodia de las autoridades.