Tribunal de París fija veredicto en caso Marine Le Pen

PARÍS (AP) — Un tribunal de apelaciones de París fijó el 7 de julio como fecha para dictar un veredicto en el caso de Marine Le Pen por presunto uso indebido de fondos de la Unión Europea, una decisión crucial que podría descarrilar la candidatura presidencial de la líder francesa de extrema derecha.

Tribunal de apelaciones de París fija fecha para veredicto

El juicio terminó el miércoles con una duda por encima de todas las demás: si Le Pen podrá postularse a la presidencia el próximo año.

Le Pen, de 57 años, impugna un veredicto emitido en marzo de 2025 que la declaró a ella y a otros miembros de su partido, Agrupación Nacional, culpables de malversar fondos del Parlamento Europeo en la contratación de asistentes entre 2004 y 2016.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Ella niega las acusaciones de organizar un sistema fraudulento destinado a desviar fondos de la Unión Europea.

Cuando el tribunal le preguntó si quería decir algo a modo de conclusión, ella declinó hablar. Salió rápidamente del juzgado sin detenerse ante un grupo de periodistas.

Ambiciones presidenciales y consecuencias del juicio

Muchos consideraban a Le Pen como una de las principales aspirantes a suceder al presidente centrista Emmanuel Macron en las elecciones de 2027, hasta que un tribunal de París le prohibió ejercer cargos públicos por acusaciones de uso indebido de dinero público.

Fue dos veces contendiente en la segunda vuelta contra Macron en 2017 y 2022, y su partido ha encabezado las encuestas de opinión en los últimos años.

El juicio de apelación es su segunda oportunidad para lograr una absolución que despejaría su camino hacia la contienda presidencial.

Si es condenada, Le Pen podría recibir una sentencia que le prohíba ocupar cargos de elección. En ese caso, ha dicho que su protegido de 30 años, Jordan Bardella, se postularía en su lugar.

La popularidad de Bardella se ha disparado en los últimos años, pero algunos observadores señalan su relativa falta de experiencia, especialmente en asuntos internacionales y económicos, como una posible debilidad para lograr una candidatura presidencial.

El abogado de Le Pen, Rodolphe Bosselut, dijo al panel de tres jueces que su clienta "les confía el trabajo de su vida, y la cuestión es, por tanto, si terminará aquí o si puede reconstruirse".

Le Pen presenta la apelación junto con otros 10 dirigentes condenados el año pasado, además del propio partido.

Todos ellos buscan revocar las condenas por el uso indebido de financiación destinada a asistentes del Parlamento Europeo entre 2004 y 2016, mientras Le Pen se desempeñaba como miembro de la legislatura de la Unión Europea.

Los fiscales sostienen que ella organizó la contratación de varias personas como asistentes parlamentarios de la Unión Europea, pero que en realidad las hizo trabajar para su partido. En la investigación se muestra que algunas de esas personas no tenían contacto con miembros del Parlamento Europeo, y que una actuó como guardaespaldas de Le Pen, en presunta violación de las normas parlamentarias.

En marzo de 2025, un tribunal de París determinó que Le Pen era la pieza central de "un sistema fraudulento" que su partido utilizó para desviar fondos del Parlamento Europeo por valor de 2,9 millones de euros (3,4 millones de dólares). Se le impuso una prohibición de cinco años para ocupar cargos electivos y dos años de arresto domiciliario con una pulsera electrónica.

Le Pen denunció un "escándalo democrático", mientras que activistas anticorrupción argumentaron que su condena demostraba que nadie está por encima de la ley.

Las penas de arresto domiciliario quedan en suspenso hasta que se resuelva la apelación.

No se espera que el veredicto anterior influya en la decisión del 7 de julio, porque el juicio de apelación examina el caso desde cero. En Francia, los acusados en causas penales tienen derecho a pedir que un tribunal superior vuelva a juzgar su caso tras una condena.

Es habitual que los jueces dicten veredicto semanas o meses después de que termine un juicio. El caso de Libia del expresidente Nicolas Sarkozy, por ejemplo, concluyó en abril de 2025 y el tribunal emitió su fallo a finales de septiembre.

Durante el juicio de apelación, Le Pen reconoció que algunos empleados pagados como asistentes del Parlamento Europeo realizaron trabajo para su partido, entonces conocido como Frente Nacional, pero insistió en que creía que ese trabajo estaba permitido y que nunca intentó ocultarlo.

"El error está aquí: ciertamente hubo algunos asistentes, caso por caso, que debieron trabajar ya sea de manera marginal, más sustancial o por completo... en beneficio del partido. Y listo", declaró Le Pen ante el tribunal.

También reprochó a funcionarios del Parlamento Europeo que no hubieran advertido a su partido, en aquel momento, de que la forma en que contrataba a personas podía ir en contra de alguna norma.

"Nunca hemos ocultado nada", afirmó.

El abogado del partido dijo el miércoles que existía una "zona gris" respecto de las normas, lo que debería beneficiar a los acusados.

"Quizá hubo algunas deficiencias administrativas, quizá descuido, precipitación", pero en general, los dirigentes del partido actuaron de buena fe, señaló David Dassa-Le Deist.

Los fiscales argumentaron que financiar empleados con dinero de la Unión Europea era injusto para otros partidos políticos nacionales y que no era posible que Le Pen, abogada de formación, no hubiera advertido la discrepancia entre el trabajo real de los asistentes y los contratos que firmaron.

Un fiscal, Stéphane Madoz-Blanchet, aludió a "dinero público desviado gota a gota hasta formar un río". Denunció "un sistema" encabezado por Le Pen.

"Los actos de malversación de fondos públicos fueron ocultados deliberada y cuidadosamente", sostuvo.

Otro de los fiscales, Thierry Ramonatxo, dijo que la presunta malversación de fondos públicos representa "una vulneración muy grave de la probidad" que dio al partido "una ventaja concreta en forma de ahorros sustanciales realizados a expensas del Parlamento Europeo".

Han pedido al tribunal que le prohíba a Le Pen ocupar cargos electivos durante cinco años y que la condene a un año de arresto domiciliario con un dispositivo electrónico.