Artículo 19 y colectivos condenan eliminación de presupuesto obligatorio a víctimas por SCJN

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 20 (EL UNIVERSAL).- Artículo 19, organizaciones civiles y colectivos de víctimas condenaron enérgicamente la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que resolvió que la reforma a la Ley General de Víctimas, por la que se elimina el porcentaje obligatorio de presupuesto asignado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral para víctimas, es constitucional.

A través de un comunicado, sostuvieron que el Máximo Tribunal "ha decidido darle la espalda a las víctimas al reabrir la discusión sobre la constitucionalidad de reformas regresivas a la Ley de Víctimas".

"Más grave resulta que la decisión elimina el porcentaje obligatorio de presupuesto asignado a medidas de ayuda, asistencia y reparación integral sea adoptada vulnerando el principio de ´cosa juzgada´ y la garantía de seguridad jurídica, situación que ya había sido decidida por la integración anterior de la Corte", dijeron.

En ese sentido, indicaron que la decisión de la nueva Corte representa un enorme retroceso en materia de derechos humanos, "pues abre la puerta a que las víctimas vean diluidos sus derechos en virtud de reformas legales que podrían debilitar los mecanismos de protección, atención y reparación".

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Aunado a ello, explicaron que dicha medida vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos y el derecho a la reparación integral, ya que sin un presupuesto y un marco normativo y constitucional robusto, las medidas de atención, seguimiento, memoria, verdad y garantía de no repetición pierden eficacia y se reducen a buenos deseos en la ley sin impacto alguno en la realidad.

Ante ello, instaron al Alto Tribunal a respetar y garantizar los derechos humanos, particularmente de las víctimas, evitando la reapertura de debates sobre reformas regresivas.

Además, solicitaron al Poder Judicial de la Federación y al Congreso de la Unión garantizar la progresividad y no regresividad de los derechos de las víctimas y que cualquier reforma futura sea diseñada con la participación de víctimas, de manera transparente y respetuosa de sus derechos humanos.

Asimismo, demandaron que las autoridades federales y estatales aseguren los recursos, el adecuado funcionamiento de los órganos competentes y el acceso real a la justicia para las víctimas, sin dilaciones, obstáculos estructurales ni desmantelamiento de instrumentos de asistencia y reparación.

Las organizaciones y colectivos de víctimas también hicieron un llamado a la sociedad civil nacional e internacional para que mantenga vigilancia sobre estos procesos y señale cualquier retroceso normativo o institucional que afecte los derechos de las víctimas.