La sociedad civil organizada es quien más ha hecho para combatir las atroces consecuencias del Cambio Climático, así como para cumplir las metas de la Agenda 2030. Eso es innegable.
En días pasados se hizo público que varias ONG´s inconformes con la política energética del actual gobierno, acudieron a la justicia federal solicitando protección a los derechos humanos a la salud, al medio ambiente sano, el acceso a energías renovables, entre otros.
Este gran esfuerzo lo lideran Greenpeace, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Centro de Energías Renovables y Calidad del Ambiental (CERCA) y Cambio de Ruta. Ante las graves repercusiones ambientales y de salud pública de la política energética vigente, basada en la quema de combustibles fósiles, la ciudadanía en diversos puntos de la República acudió ante la justicia federal, para defender sus derechos y su acceso a energías renovables con respeto a los derechos humanos de personas y comunidades y así garantizar la sustentabilidad a mediano y largo plazo.
Y esto no es casual, ya que estamos ante la necesidad de defender los derechos de la ciudadanía y, al mismo tiempo, que el Estado Mexicano cumpla con sus compromisos internacionales vinculantes en la protección del medio ambiente y mitigación del cambio climático, imposibles de cumplir si sigue con el actual modelo.
En el caso particular de Cambio de Ruta, hemos asesorado y acompañado a varios ciudadanos que presentaron demandas de amparo en 24 Estados de la República, con el juicio número 270/2020, como eje de todas las demandas contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.
Ésta se presentó ante juzgados federales de SLP pero fue remitido al Juez Segundo de Distrito en materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, con sede en la Ciudad de México; ahí, se ordenó la suspensión definitiva de todos los efectos y consecuencias derivados del Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Ele´ctrico Nacional, del 20 de abril 2020 asi´ como su Anexo u´nico; y, del Acuerdo por el que se emite la Poli´tica de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Ele´ctrico Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federacio´n el 15 de mayo de 2020.
A este esfuerzo le hemos llamado el “Amparo versus el Cambio Climático”, porque no sólo impugna el Acuerdo que obstaculiza las energías renovables, sino reclama al gobierno su omisión de combatir el cambio climático y la ausencia de políticas públicas efectivas, así como el concepto de gozar de un planeta sano, lo que permite entender al mundo como el ecosistema que es; exigir el cumplimiento de los compromisos internacionales suscritos por México como el Acuerdo de París y presionar para que se declare emergencia climática. En resumen pedimos la justiciabilidad del sistema de normas de cambio climático.
La diversa estrategia legal de Greenpeace México permitió la suspensión definitiva de la aplicación del Programa Sectorial de Energía 2020-2024 (Prosener), por considerar que esta política apuesta el desarrollo nacional al empleo de combustibles fósiles, desvía recursos públicos que deberían atender el cambio climático, condiciona la transición energética y el uso de energías renovables, y omite acciones para tener acceso a ellas, tanto por la falta de impulso a proyectos de generación eléctrica que las aprovechen, como por la ausencia de proyectos de generación distribuida.
Todos estos juicios son parte de una táctica integral que busca el cumplimiento de reducción de emisiones de gases efecto invernadero que México asumió como país firmante de los Acuerdos de París y una transición energética justa, basada en fuentes renovables que sea respetuosa de los derechos humanos y de los ecosistemas, que priorice los proyectos descentralizados de generación distribuida donde las comunidades, tanto urbanas como rurales sean quienes generen la energía que consumen, que abone a combatir la desigualdad en acceso a la energía y disminuya los impactos ambientales y de salud presentes en el actual modelo basado en combustibles fósiles.
Delírium trémens.- Y en San Luis Potosí ¿cómo va la Agenda 2030?
@luisglozano