El dinero público. Parte I: Lo que ingresamos

Imagine que una familia potosina depende casi completamente del dinero que les envían unos parientes que viven en otra ciudad. Cada mes, estos parientes les mandan $8760 pesos para cubrir sus gastos básicos, como renta, comida y servicios. La familia también intenta ganar algo de dinero extra vendiendo comida o haciendo trabajos esporádicos, con lo que logran juntar $1240 pesos al mes. Sin embargo, esto no es suficiente para cubrir todo, así que para alcanzar sus gastos mensuales, de vez en cuando piden prestado, confiando en que podrán pagar esa deuda más adelante.

De esta forma, el 87.6% de los ingresos de la familia vienen de lo que reciben de los parientes, y solo el 12.4% lo generan por su cuenta. Esta dependencia significa que, si en algún momento sus parientes no pueden enviarles dinero, la familia enfrentará serios problemas para cubrir sus necesidades básicas, ya que su propio ingreso no es suficiente y depender de préstamos a largo plazo no es sostenible.

Este ejemplo ilustra el problema de dependencia financiera en el que se encuentra el estado de San Luis Potosí en lo que se refiere a las fuentes de ingresos que soportan el gasto público para un año. La lógica Usted ya la conoce: un gobierno hace lo que hace con los recursos con los que cuenta. Estos recursos pueden provenir de ingresos propios (como impuestos, derechos y aprovechamientos), transferencias y participaciones (que manda el gobierno federal) y la deuda (que en realidad no debe ser considerada como un ingreso). 

Desde hace unos 25 años en México se ha generado un fenómeno de dependencia financiera derivada de la creación de fondos federales para ser transferidos a los estados y municipios. Los datos demuestran que a lo largo de estos años los gobiernos estatales y municipales han realizado Esfuerzos muy limitados para mejorar su capacidad de generación de ingresos propios. La razón, Usted la puede imaginar: cobrar impuestos o derechos es impopular. 

Algunos gobiernos estatales han intentado amortiguar esta “pereza” fiscal con el establecimiento de ciertos incentivos que puedan mejorar la recaudación a través del crecimiento de actividades económicas o turísticas. Hay que recordar que el impuesto sobre nómina y hospedaje son impuestos estatales. La idea sería que un mayor volumen de la actividad industrial, comercial y turística tendría efectos positivos en la recaudación de estos impuestos. Otra alternativa es el cobro de derechos, como lo son los derechos vehiculares que se recaudan por registro de vehículos y emisiones de placas; el cobro de derechos de licencias y permisos como las licencias de conducir, o permisos para actividades comerciales y económicas e incluso derechos ambientales.

En nuestro país, los gobiernos estatales ejercen una parte significativa del gasto público, lo que les coloca en una posición crucial para el desarrollo y el bienestar de sus poblaciones. Sin embargo, a pesar de esta responsabilidad, la mayoría de los estados depende enormemente de recursos externos para financiar sus presupuestos. Un informe publicado hace unos meses por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ilustra esta dependencia y pone a la vista los desafíos de autonomía fiscal que enfrentan las entidades federativas. A su vez, el ejercicio de un gasto público responsable y eficiente es esencial para que estos recursos se traduzcan en mejoras reales y duraderas para la ciudadanía.

El “Informe Estatal del Ejercicio del Gasto 2024”, elaborado por el IMCO (googlead si le interesa), muestra que los ingresos totales de los estados ascendieron a 2.97 billones de pesos en 2023. De este monto, el 81.2% provino de la Federación, principalmente a través de transferencias etiquetadas en los ramos 28 y 33. Sólo el 15.5% de los recursos de los estados fue generado localmente mediante impuestos, derechos y otros ingresos propios, mientras que el restante 3.3% correspondió a deuda pública. En el ejercicio fiscal del 2023, San Luis Potosí mostró una dependencia financiera mayor al promedio nacional: del total de ingresos que recibió nuestro estado, el 87.6% provino de fuentes federales, mientras que solo el 12.4% fueron ingresos propios. ¿Recuerda el ejemplo de la familia?.

Esta dependencia tiene profundas implicaciones para la autonomía financiera de los estados. Con una capacidad limitada para generar recursos propios, los gobiernos estatales se ven restringidos en su habilidad para responder a las necesidades locales con flexibilidad. Además, esta situación también los convierte en dependientes de las políticas y decisiones fiscales del gobierno federal y de los factores externos que cada día lucen más desafiantes -Trump y todo lo demás- afectando su margen de maniobra para realizar ajustes en el gasto público o para financiar proyectos estratégicos de desarrollo regional.

El análisis de prospectiva política y económica debe ser atendido y entendido por los tomadores de decisiones en nuestros estados. Ante los pronósticos de recortes en el gasto federal programable para 2025, el panorama se vuelve aún más complicado. De no incrementarse la capacidad recaudatoria local, los gobiernos estatales enfrentarán retos formidables -eufemismo de algo mucho peor- para financiar sus actividades y atender las demandas de sus habitantes.

Si no ocurre nada raro en estos días, la próxima semana le hablaré sobre las alternativas que tienen los gobiernos estatales (y en particular el de San Luis Potosí) para aumentar su autonomía fiscal y también le hablaré de la otra cara fundamental del dinero público: el destino y la eficiencia del gasto.

X. @marcoivanvargas