Desde que gozo del privilegio de su lectura en este espacio, habré mencionado a Robert McNamara unas dos o tres ocasiones. Ya habrá notado que es de mis personajes favoritos, y esto no es gratuito. Siempre encuentro enorme riqueza en el bien que nos hacen sus palabras. Cuando le menciono, casi siempre con la intención de sugerir que las decisiones importantes tienen que estar basadas en fuentes de información para evitar errores. Me voy a permitir citar un fragmento de la entrevista que le realizó el cineasta Errol Morris para la producción del documental –ganador del Oscar- “La neblina de la guerra” (The Fog of War – Errol Morris, 2003) para ilustrar otro problema que enfrentamos de forma cotidiana:
“Todo comandante militar que es honesto consigo mismo, o con aquellos a quienes habla, admitirá que ha cometido errores en la aplicación del poder militar. Ha matado personas de forma innecesaria –sus propias tropas u otras tropas- por medio de equivocaciones, por medio de errores de juicio. Mil o diez mil, o tal vez cien mil. Pero nunca ha destruido naciones”.
El punto que McNamara pretende ilustrar con esta sentencia radica en el costo y la reversibilidad de las decisiones equivocadas. Al referirse al ejercicio del poder militar, no cuesta ningún trabajo tasar el costo de las decisiones en vidas humanas –en México tenemos alguna experiencia en eso-, pero solemos perder de vista las consecuencias sociales que se asocian a la muerte de una persona. De ahí que haya sido tan impactante la portada del New York Times del pasado domingo 24 de mayo: No solo se muestra una cifra de muertes por Covid-19 –insisto, en México tenemos alguna experiencia en eso-, sino que se proporcionan nombres, y un par de líneas sobre la vida de esos nombres. La humanización de las noticias sobre lo que estamos viviendo ahora no es el punto que quiero destacar ahora, sino la estimación de los costos y los impactos reales sobre las decisiones equivocadas. No olvide leer un poco más adelante lo de la reversibilidad de las decisiones, pero eso lo explico después, téngame paciencia.
¿Cómo podemos estimar el costo y el impacto de una decisión de estado que tiene como consecuencia la muerte de una persona? Hay que mirar a la manera en que se afecta el núcleo familiar y económico de quien ha muerto. ¿Ha dejado dependientes económicos en una situación de vulnerabilidad? ¿Hay niñas(os) que se han quedado sin una madre o un padre? ¿Y cómo afectaría esa ausencia a su proyecto de desarrollo personal?. ¿Era empleador o empleado? ¿le hacía bien a alguien? ¿poseía algún conocimiento valioso?. Nada de esto se encuentra en las cifras. Nada de esto se puede ponderar.
Pensando en esta lógica leo con preocupación que el contexto de la crisis que estamos viviendo, motiva a que algunos legisladores y responsables de las políticas gubernamentales propongan iniciativas o tomen decisiones que suelen tasarse en costos económicos –porque #austeridad-, pero pierden de vista los impactos sociales de estas decisiones. Solo por mencionar un puñado de ejemplos rápidos: la vaga discusión sobre la desaparición de fideicomisos públicos hace un daño enorme porque no solo invisibiliza los objetivos de los mismos, pasa por alto sus beneficios e ignora las consecuencias de su desaparición. El Fideicomiso para el Cine tuvo la suerte de encontrar en Guillermo del Toro a un defensor cuyo activismo y notoria visibilidad pública “flexibilizó” el criterio de la bancada que proponía la desaparición de este fideicomiso. ¿Y si el resto de los fideicomisos no tiene defensores de ese calibre, no merece reconsideración? ¿cuál es la razón que permite que algunas cosas se hagan y otras no? ¿el peso de los defensores?.
Otro ejemplo. Se tiene noticia que la Secretaría de Hacienda ordenó el recorte del 75% del gasto operativo de algunos centros públicos de Investigación, así como de otras dependencias de la administración pública federal. Entiendo la parte de la necesidad de realizar medidas extraordinarias ante el complicado escenario económico por venir. ¿Pero se han visibilizado las consecuencias de las decisiones de este tipo? ¿alguien ya anticipó que la operación mínima de los centros públicos de investigación o de algunas dependencias de la administración pública puede desatar otras consecuencias económicas y sociales indeseables?. Permítame ilustrar algo sobre esta última idea.
Hay quienes pierden de vista que la acción administrativa del estado –a través de las dependencias públicas- sirve, en muchas ocasiones para garantizar derechos. ¿Qué ocurre con el derecho a la salud cuando un gobierno administra mal los recursos –reitero, en México tenemos alguna experiencia en eso- y termina mermando la capacidad de atención de los centros de salud?. ¿Cuánto y cómo se beneficia la sociedad cuando se tienen estudiantes e investigadores que atienden a problemas públicos? ¿y qué pasa si dejamos de tenerlos?. Los costos no son económicos.
Una nota sobre la reversibilidad de las decisiones. Ésta es alta cuando después de un error es posible revertir las consecuencias de la decisión. Hay decisiones cuyos efectos se pueden revertir, pero hay tres cosas que advierto, no se pueden recuperar después de una mala decisión: las oportunidades, el tiempo y la vida.
Cualquier persona que toma decisiones y que es honesta consigo misma y con los demás, debe admitir que comete errores. Si en la política siempre se decide entre inconvenientes –como lo advirtió Jesús Reyes Heroles- propongo entonces hacernos del hábito de exigir siempre la estimación de los costos y la reversibilidad de lo que se decide. No vaya a ser que, por errores de juicio, permitamos o comentamos equivocaciones fatales.
Twitter. @marcoivanvargas