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Un cuarto de siglo –más o menos- es el tiempo que tienen funcionando los institutos electorales locales en todo el país. San Luis Potosí fue el primer estado de la República Federal Mexicana –Nota: no pierda de vista la palabra “Federal”, ahorita le explico por qué- en contar con un organismo electoral ciudadanizado, es decir, una autoridad colegiada que toma decisiones a través de consejeros ciudadanos –que no militan o simpatizan por un partido político- sobre la cual recae la responsabilidad de organizar las elecciones. Esto ocurrió en 1992 con la instalación del Consejo Estatal Electoral; un par de años antes, en 1990 se formó el Instituto Federal Electoral que era presidido por el Secretario de Gobernación, también se integraba por seis consejeros magistrados propuestos por el Presidente de la República y aprobados por mayoría calificada de la Cámara de Diputados, además de dos diputados, dos senadores y representantes de los partidos políticos. No fue sino hasta 1994 cuando se instituyó la figura de consejeros ciudadanos que contaban con la mayoría de votos en el Consejo General del IFE.
Durante todo ese tiempo y hasta la fecha, contamos con dos autoridades administrativas electorales en nuestro país. El Instituto Nacional Electoral que se encarga de un montón de cosas, principalmente de la organización de las elección del ámbito federal (1 presidencia, 300 diputaciones federales, la asignación de 200 diputaciones de representación proporcional y 32 elecciones para designar a 128 integrantes del Senado), y los hoy llamados Organismos Públicos Locales Electorales –el CEEPAC y sus 31 equivalentes en cada entidad federativa- que se encargan de otro montón de cosas entre las que destacan las elecciones de 32 gubernaturas, 1 123 diputaciones locales, 2 458 presidencias municipales, y aproximadamente 19 000 regidurías y sindicaturas en todo el país.
La coexistencia de estas autoridades electorales responde a organización política federal de los 1973 millones de kms2 de anchuroso territorio nacional dividido en 32 entidades federativas. Cada una de ellas con su gobierno, su historia, su cultura, sus problemas. Ya hemos discutido en este mismo espacio –concretamente en el texto publicado el 28 de febrero de 2019- sobre los decimonónicos debates entre el centralismo y la adopción del modelo federal de organización política y administrativa de nuestro país. Hoy prevalece un modelo híbrido de organización electoral donde cada autoridad se encarga de su ámbito –eso se llama subsidiariedad-, pero se coordinan esfuerzos para garantizar que cada elección se realiza bajo rigurosos estándares de integridad electoral.
Este modelo federal de organización de elecciones ha sido cuestionado a través de la presentación de una iniciativa de reforma electoral que coloca en el centro de los problemas de nuestro sistema a la austeridad –la vieja confiable-. En su nombre, un diputado federal de MORENA ha propuesto eliminar a los OPLEs y otorgar al austero INE la responsabilidad de organizar los comicios que producen 22 000 puestos locales de elección popular que se sumarían a los 629 de los que ya es responsable.
¿Es la austeridad el tema electoral que tenemos que resolver? ¿qué datos concretos y objetivos demuestran que la desaparición de los OPLEs logrará austeridad electoral? ¿Y cómo sabremos que la centralización de las elecciones no generará costos o problemas nuevos y mayores a aquellos que se pretendían resolver?. Si tiene la generosidad de leerme la próxima semana, le presentaré un ramillete –me encanta esa palabra- de argumentos que deben considerarse en un debate serio sobre una reforma de este tipo. En principio le comparto la siguiente idea: nuestro modelo de organización política federada no es una curiosidad histórica o un dogma de fe. Si en San Luis Potosí contamos con el primer consejo ciudadanizado después de la crisis política de los 90s, si en Michoacán innovaron con el voto desde el extranjero, o en la Ciudad de México se promovieron mecanismos de inclusión, resulta evidente que el contexto local importa y las autoridades se conducen a la altura de sus propias circunstancias. Es federalismo puro y duro, bañado de contundente realidad. Le espero siguiente semana.
Twitter. @marcoivanvargas