(segunda parte)
La semana pasada compartí con Usted algunos comentarios sobre la discusión de la próxima reforma electoral en nuestro país. Solo para recordar: expliqué que nuestro modelo federal de organización de elecciones implica la existencia de autoridades administrativas que se encargan de la realización de los comicios en dos ámbitos: del nacional se encarga el INE, de los locales se encargan los OPLEs –Organismos Públicos Locales Electorales, el CEEPAC para el caso de San Luis Potosí-. Estas autoridades administrativas realizan una labor de coordinación interinstitucional donde las responsabilidades se distribuyen, no solo con una base territorial, sino también funcional. Lo mismo ocurre en escala y dimensión con la Justicia Electoral –Tribunales Federales y locales-.
Le compartí también sobre una iniciativa que se ha presentado en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión donde se propone la desaparición de los OPLEs en el nombre de la austeridad –la vieja confiable-. Sin embargo no es la única iniciativa de reforma electoral que se ha propuesto, ni tampoco creo que sea la más necesaria. Para discutir la reforma quisiera partir de dos argumentos de suma importancia: Toda reforma electoral debe enmarcarse en una discusión mayor sobre reforma política, y ésta, debe centrarse en la relación que existe entre los elementos fundamentales del Estado -esos que se estudian en segundo año de prepa- territorio, población, gobierno y ley. Insistiré en esta idea: tenemos una forma de organización política –estado, gobierno y leyes- que se moldean a las características de nuestra población y nuestro territorio. Desde luego que puede plantearse un modelo de organización electoral centralizada, pero me pregunto sobre su costo, pertinencia y eficacia en un país heterogéneo, dinámico, extenso y complejo. Hace unos meses se publicó en ensayo de Jorge Alcocer titulado “La Próxima Reforma Electoral” (en el libro México 2018; IIJ/UNAM, Colmex, IDIC descargable acá: https://goo.gl/UaM5Fc). En el texto el autor concluye: “nuestro sistema electoral debe ser acorde a la naturaleza federal de nuestra Nación y nuestra República. No es un asunto de doctrina, sino de elemental sentido común. Organizar, desarrollar y vigilar, desde la Ciudad de México, las elecciones locales, estatales y municipales, no solo es un contrasentido en una República Federal; es un atentado al sentido común y a la más elemental lógica organizativa” (pág 156).
El segundo punto de partida sobre la reforma debe considerar al núcleo de la democracia que es la ciudadanía, lo que nos conduce a repensar nuestras propias concepciones. Creemos que solo necesitamos economizar en elecciones, cuando quizás lo que necesitamos es mejorar y fortalecer la relación de la ciudadanía con su democracia. No vaya a ser que la ciudadanía piense que vivir en democracia solo se trate de votar, y que la democracia funciona mejor cuando cuesta menos. El fortalecimiento de la calidad de nuestra democracia es una responsabilidad que la Constitución otorga a los OPLEs, al INE y en cierta forma a los Partidos Políticos. Fortalecer suena a mayores costos: no necesariamente es así.
Sobre el tema voy con un ejemplo radical pero no imposible. ¿Cuál cree que pudo haber sido el porcentaje de votación de las elecciones del pasado domingo si el electorado pudiera votar desde su casa y/o con el teléfono celular?. ¿Y cúantos recursos –financieros, materiales y humanos- podrían optimizarse con una idea como ésta?. Necesitamos encontrar mecanismos que acerquen y mejoren la experiencia de la ciudadanía con sus propios mecanismos de democracia sin perder de vista los fundamentos que la hacen funcionar: legalidad, certeza, objetividad, entre otros.
La reforma electoral necesita mirar de forma objetiva a los testimonios y experiencias de las elecciones de 2018 y 2019, y centrarse la mejora de la calidad de nuestras elecciones como problema central: ampliar la comprensión público de lo que se vota, aumentar la confianza, favorecer la flexibilidad de los procedimientos adecuados a los contextos locales, garantizar la certeza, favorecer la cercanía y comprensión amplia de la justicia electoral, disminuir los riesgos de seguridad a funcionarios electorales –capacitadores, supervisores-, integrantes de mesas de casilla y electorado; y así me puedo llevar todo el día.
Le cuento algo más. Desde hace varios años, han sido los OPLEs quienes han propuesto e implementado medidas de mejora a la altura de los contextos y circunstancias locales. El INE, la academia y las organizaciones de la sociedad civil han acompañado estos procesos. Necesitamos encontrar un punto de equilibro del funcionamiento de la democracia profunda, local y eficiente.
El tema del dinero sí es un asunto, pero el problema de nuestra democracia es bastante más complejo que eso. ¿Se ha puesto a pensar en qué tipo de país viviríamos si continuamos alejando a las instituciones de la ciudadanía a la que se deben?.
Twitter. @marcoivanvargas