En el ánimo de imaginar un estado de las cosas donde podemos realizar nuestras actividades ordinarias sin la ingenua idea de que un virus desaparecerá una vez que se decrete que la población nuevamente puede salir a las calles, la semana pasada propuse una reflexión sobre un conjunto de medidas que debemos considerar para la organización y celebración de elecciones en México. No quisiera referirme al hecho contundente de que solo faltan 55 semanas para la celebración de la jornada electoral del 2021; se trata más bien de comenzar a discutir cómo podemos hacer para salvaguardad la salud y la integridad de votantes, candidatas(os), representantes de partidos y funcionarias(os), es decir, que millones de personas que se involucran en una actividad humana tan compleja como es la celebración de elecciones en México.
Hagamos una brevísima recapitulación. Actos de precampaña y campaña, difusión de la propaganda electoral, ubicación e integración de casillas, capacitación a las personas que van a fungir como funcionarias(os) de casilla; producción, distribución y entrega de los materiales electorales; jornada electoral, emisión, escrutinio y sumatoria de los votos; traslado de los paquetes a las sedes de la autoridad electoral, cómputo final, procesos de impugnación. Como podrá imaginar, todas estas actividades requieren, en mayor o menor medida, de contacto entre personas: ya sea entre pocas (como la capacitación en el domicilio de funcionarios), entre una cantidad media (como las reuniones de trabajo en los partidos políticos) o actividades de conglomeración (esos actos masivos de proselitismo).
En cualquiera de los casos, es necesario partir de escenarios responsables donde la celebración de elecciones constitucionales se dé en un marco de protección de la salud de las personas. Hace unos días, César Hernández González publicó un texto denominado “Elecciones en tiempos de pandemia” donde realiza una recapitulación de algunas de las medidas emprendidas por los países que han celebrado elecciones durante esta crisis mundial de salud pública, a saber: acciones de equipamiento, donde se entregan guantes, cubrebocas, alcohol en gel, agua y jabón líquido para funcionarios y votantes en casillas, en algunos países se instalaron divisiones plásticas para evitar el contacto en las mesas de casilla; acciones de desinfección, que consistió en lavado y sanitización constante durante las jornadas de votación; acciones de distanciamiento social, para evitar la concentración excesiva de personas dentro y fuera de las casillas. De igual forma se implementaron modelos de atención a grupos de riesgo para evitar que las personas que pudieran formar parte de estos grupos, se expongan a salir y concentrarse en un lugar para ejercer su voto: en Australia, Suiza y Francia se implementaron medidas para que mujeres embarazadas, personas enfermas de COVID-19, o personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, pudieran votar desde su casa, sea de manera telefónica o habilitando a funcionarios para ir a recoger el voto al domicilio particular. ¿Ya hizo cuentas del dinero que podríamos necesitar para realizar estas acciones?. Con gusto lo platicamos en Septiembre cuando se debe formular el presupuesto de egresos para el 2021.
Esto nos lleva a insistir en la reflexión sobre la diversificación de los modelos del voto en México. Nuestro sistema electoral debe estar preparado para que dentro de 55 semanas, se tenga la capacidad de poder recibir en las casillas a 91 millones de personas, en un solo día, en un horario de 8:00 a 18:00 horas. No hay ninguna operación logística por parte de ninguna autoridad y organización que tenga que desarrollar una capacidad numérica de esas dimensiones. En nuestro país no la hay. De ahí entonces que empeñarse a obligar a las 91 millones de personas, saludables o no, con factores de riesgo o no, para que ejerzan su derecho mediante un único mecanismo que implica interacción con otras personas, en las circunstancias actuales, luce arriesgado y quizás hasta anacrónico. Lamentablemente no existen las condiciones políticas generales para posibilitar otros mecanismos de votación para el 2021, pero no podemos dejar de reconocer que la atención a esta necesidad es impostergable.
A manera de conclusión le sugiero reflexionar sobre lo que uno puede hacer ante los casos de “fuerza mayor”, estos hechos que según la doctrina, son irresistibles, imprevisibles y externos. En circunstancias como las que vivimos hoy, es la fuerza mayor la que pasa y arrasa con lo que teníamos planeado. Es la fuerza mayor la que nos saca de nuestras zonas de confort y nos obliga a repensar lo que hacemos y la manera en que lo hacemos. Hay una oportunidad en todo esto. Soy de la idea de que nuestra Constitución no está hecha pensando en emergencias –esto a veces es una ventaja por lo caprichosa que puede ser la definición de “emergencia”- ni tampoco a las autoridades les alcanza para que por fuerza mayor se dejen de cumplir los mandatos constitucionales. Frente a estos complejos escenarios, voto por un inesperado clima de consenso para apoyar medidas sensatas que permitan celebrar elecciones y proteger la salud de las personas. Sin protagonismos centaveros, de preferencia.
Twitter. @marcoivanvargas