En su opinión, ¿cuál es la lógica que debe imperar para seleccionar a personas que van a ocupar un cargo público?. Esta es una de las preguntas que, sin ponernos filosóficos, han llenado por siglos, los espacios de discusión sobre aquello que hoy llamamos la función pública. No debe confundirse con la milenaria pregunta de quién debe gobernar, que es propia de las discusiones sobre las formas de gobierno de la filosofía griega -y otras-.
Detrás de la pregunta que le ofrezco, se encuentra una distinción necesaria: ¿de qué tipo de cargo público estamos hablando?. Existen los puestos de elección popular -como presidencia, gubernaturas, alcaldías, posiciones legislativas, regidurías, entre otras-, a las que se accede a través de una votación. Para estos puestos, la Constitución establece un principio fundamental: cualquiera puede ser votado, de tal suerte que no se puede -o se debe- establecer una exigencia de escolaridad -por mencionar un ejemplo- ya que esto vulneraría el derecho de todas(os) para ejercer un cargo de elección popular. Por las razones que Usted quiera, hay millones de personas que no tuvieron la oportunidad de matricularse y/o concluir un grado universitario y no deberían estar privadas de la posibilidad de representar a una fracción de la población que les encuentre dignas(os) de confianza.
[Intermezzo: hay personas talentosas y competentes que no tienen un título universitario -mi aprecio, admiración y respeto-. Y también hay personas a las que les regalan o compran títulos de juguete -para ellos mi respeto a secas-].
Hay otro tipo de puestos a los que se accede por designación, nombramiento o concurso público. Por lo general, estos puestos implican un grado de especificidad en la función por lo que es deseable que quienes aspiren a ocupar tal puesto, deben cumplir con ciertas calidades que garanticen un desempeño competente. Aquí sí hay exigencias de escolaridad, habilitación, trayectoria, experiencia. La naturaleza del puesto exige tales distinciones.
Aquí una diferencia significativa: la fuente de legitimidad en la selección y designación de las personas que ocupan puestos de elección popular reside en el voto democrático, es el respaldo popular. En el segundo caso, la fuente de legitimidad es el logro, aquello que ha sido descrito por algunos como la meritocracia.
¿Entonces la lógica para seleccionar a personas en puestos políticos debe ser democrática y para los puestos técnicos debe ser meritocrática?. En el diseño suena atractivo, pero confrontado con la realidad, la aspiración se queda corta. Vamos al problema que quiero exponerle.
¿Por qué necesitamos a personas competentes para ejercer un cargo público? ¿cómo garantizamos que las personas que desempeñarán tales funciones, cuenten con los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias para ello?. Hablemos más en serio: ¿le ponemos la misma atención a las expectativas sobre las candidatas y candidatos que aspiran a un cargo de elección popular en comparación con las exigencias sobre las personas que ocuparán los otros puestos públicos? Sinceramente pienso que estamos frente a un problema serio: necesitamos profundizar el escrutinio y la exigencia frente a las designaciones de aquellos puestos que requieren acreditar ciertos conocimientos y habilidades.
Gobernar es una actividad compleja y altamente diferenciada. Requiere de órganos que desarrollen actividades políticas, administrativas y jurisdiccionales. Lo que se hace allí tiene diferencias significativas en función de la responsabilidad que se pretende cumplir, por lo que las lógicas de selección y designación de las personas que cumplen esas funciones, tienen que ser igualmente diferenciadas.
El tema de la meritocracia tiene que ver con un sistema que privilegia el logro y la inteligencia -normalmente sancionada a través del sistema escolar con grados académicos- por encima de la adscripción. Es decir, que el mérito de los individuos se encuentra por encima de los privilegios de nacimiento. Hay varios debates que surgen de manera crítica frente a la meritocracia: uno de los más extensos y atractivos se relaciona con la oposición a la igualdad. La meritocracia hace distinciones entre quienes ya son desiguales. Como lo dije hace un rato, no todas las personas tienen acceso a los más altos grados de la instrucción que les habiliten después para asumir los más altos cargos directivos. Hay muchas y muy honrosas excepciones, pero no todos gozan del privilegio de recibir educación. Incluso la educación pública es un privilegio. Yo escribo desde ese privilegio.
En otro momento podemos discutir la función de la educación como base de la igualdad de oportunidades e igualdad política de las(os) ciudadanas(os). Pero el problema que le he expuesto aquí es otro: las instituciones del estado mexicano -en cualquiera de sus ámbitos o poderes- encuentran legitimidad en la medida en que tienen la capacidad de demostrar públicamente que quienes ocupan un puesto están allí por sus conocimientos, habilidades y aptitudes, y no por lealtades políticas. Es igualmente importante saber apreciar y reconocer cuando en las instituciones se está haciendo lo correcto. Es tarea para todos.
Twitter. @marcoivanvargas