Queda en la memoria y el imaginario potosino, la denominación del rumbo de la Merced; un jardín, una zona, y un mercado, son recordados y mencionados con ese nombre. Todavía hay quienes llaman al jardín Colón y al mercado Tangamanga, con el nombre que fue denominado por más de dos siglos.
El nombre deviene del antiguo templo dedicado a la virgen de la Merced, fundado por los frailes de la Real y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced redención de cautivos, demolido a principios de la década de 1860, por órdenes del jacobino general Jesús González Ortega.
Existe dentro de la historia de los mercedarios en el Potosí novohispano, un capítulo curioso –por vergonzante– en el que el tribunal del Santo Oficio, se vio obligado a abrir causas contra la totalidad de los miembros de esa comunidad religiosa.
Lamento no proporcionar mayores detalles, porque sería una invitación a atizar el morbo que nos caracteriza, bástenos imaginar que fueron actos que atentaban contra las buenas costumbres y el honor, del católico pueblo potosino.
El rumbo y el convento, estaban en manos de un grupo de frailes de moral laxa y relajadas costumbres. Ni para donde hacerse con aquellas licenciosidades impropias de hombres consagrados al servicio religioso.
Los interesados en abundar más en el asunto, pueden recurrir a los legajos resguardados en el Archivo General de la Nación, y consultar el ramo de Inquisición, en las causas abiertas por solicitud ad turpia a la comunidad mercedaria, por 1806.
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Estamos lucidos en el estado, en los municipios, en las delegaciones, en los pueblos, en las rancherías, en las comunidades; en todos lados. El problema no son, desde luego, los espacios, sino los titulares de las dependencias gubernamentales. Así, la ineficiencia y la incapacidad, va desde el gobernador, sus secretarios, y la Fiscalía, hasta –seguramente– los encargados de los archivos muertos; de esto tampoco escapan legisladores, ni funcionarios judiciales, ni municipales.
Cada semana nos enteramos de una muestra más de la cada vez más escasa calidad moral de nuestros gobernantes, de nuestros legisladores. Ya ni para qué decirlo, todos lo sabemos; y si no lo sabemos, al menos lo percibimos. Esta semana no fue la excepción.
Así, en el Congreso se continúa con zafarranchos facciosos; continúa vacante el puesto de oficial mayor, y mientras por un lado sigue sonando un impresentable, el Mijis impulsa a uno de sus asesores que de crítico y combativo activista, pasó a ser parte de lo que criticaba. El hambre es canija, ni hablar.
Al interior de la misma soberanía, la agrupación Ciudadnos Observando, presentó una denuncia contra diputada panista Vianey Montes Colunga, quien casi dijo que había recorrido más kilómetros que el pueblo hebreo, para embolsarse un pastón, con el apoyo de Martha Eva Zúñiga coordinadora de Finanzas del Congreso. ¿A quién se le ocurre decir que viajó 2,200 kilómetros?
Luego, al diputado panista Rubén Guajardo tuvo la puntada de señalar que veía decisiones autoritarias en el gobierno de AMLO; o sea, sí, pero no. Lo puede decir otro, pero a éste no le queda, o ya se le olvidó como apoyó una imposición en la dirigencia estatal de su partido.
Hasta los trabajadores del Congreso andan desatados; no a uno de ellos ex legislador panista (federal y local) se le ocurrió agredir a un oficial de la policía municipal. Parece ser que todo inició porque el señor Enrique Trejo Azuara –que así se llama – tuvo la ocurrencia de pasarse un semáforo en rojo, se inició una persecución que acabó en sainete. Deberían de darles diario, a todos los asistentes al Congreso, entre trabajadores y legisladores, porciones de sal de nitro, para que se tranquilicen.
De iniciativas ni hablar, pareciera que les preocupa más legislar sobre bolsas de nailón que sobre asuntos en realidad trascendentes, aunque hay que reconocer que se anota un punto la diputada Alejandra Valdés Martínez (sí, la misma que encapilló a la ex oficial mayor) gracias al trabajo que realizó en conjunto con Arely Torres Miranda, para presentar una propuesta que plantea reconocer el derecho de las mujeres para interrumpir el embarazo –legalmente– antes de las 12 semanas de gestación.
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Cuando todavía hay quienes no se recuperan de la mala impresión que dejó la designación de Mario García Valdés, como director general de CONALEP en el estado, nos enteramos que Rebeca Terán fue nombrada coordinadora de la oficina regional V del DIF. Que pronto se le olvida al gobernador y a su esposa, o a doña Lorena valle y a su esposo, que la señora Terán fue de los diputados de la LXI Legislatura (de infausta memoria) que utilizó facturación de empresas fantasma para desviar recursos destinados a apoyos sociales.
Pero mientras en el ejecutivo estatal las cosas van entre lo peor y lo fatal, pareciera que en lo municipal las cosas mejoran; porque aunque fue muy criticado por señalar que en el pasado diciembre se gastó millón y medio de pesos en un árbol navideño (muy horrendito, por cierto), el alcalde Xavier Nava logró que el cabildo rechazara la cuenta pública del 2018 (del Ayuntamiento presidido por Ricardo Gallardo) al encontrar más de 1,800 irregularidades, y un daño al erario por más de 1,000 millones de pesos.
Lo que sí estropea bastante al Ayuntamiento, es el manejo que hacen de sus redes sociales; responden las denuncias y quejas, según les viene en gana. A ver si no se les aparece alguien, un día de estos, con la orden de un juez que los obligue a dar respuesta. Debían de verse en el espejo del Mijis, quien fue apercibido por un juez para que tratara con todo respeto y cortesía a alguno de sus amartelados seguidores. Queda claro, por supuesto, que no se trata del diputado, sino de alguno de los atarantados que le manejan sus redes.
Cómo estarán las cosas en el Ayuntamiento, y hasta qué punto se ha visto rebasado por el ambulantaje, que ahora se permite que los inspectores de Comercio sean agredidos por vendedores ambulantes. Debería el Navita, pedirle asesoría a Mario Leal (no para traicionar al navismo, sino para meter en cintura a los ambulantes).
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Lo que sí resultó deprimente y degradante, fue la hueviza recibida por Pedro Olvera y emisarios de la dirigencia nacional del PRD, de integrantes de las huestes peredistas, Eso le pasa por andarse saliendo del trabajo en el que acaba de ser acomodado y andar ambicionando dirigir a los amarillos en San Luis. Quién diría que sus antiguos protectores, ahora lo mandarían lapidar.
Casi lo mismo que le pasó a Marco Antonio Aranda (el mal pago por sus servicios de lacayo), quien finalmente se animó a presentar una denuncia por la falsificación de su firma en documentos girados por la administración gallardista. Mal paga el diablo a quien le sirve, dicen.
Donde de plano no dan una buena nuestras autoridades incompetentes en la materia, es en lo ambiental; ayer fue una triste noticia el enterarnos que un juzgado federal anuló el amparo que protegía la Sierra de Álvarez. Queda claro que no hay mayor interés en el cuidado, atención y protección al medio ambiente, a los recursos naturales, ni a las áreas que realmente debieran preocuparle; lo que no queda claro es por qué siguen manteniendo a una funcionaria ineficiente en el cargo.
Dicen los que saben, y los que no, repiten, que hoy es sábado social, disfrútenlo, pero no se excedan.