No debiera sorprender que un personero del capital privado se lance contra un representante del Estado porque tal es la naturaleza del poder económico en una sociedad como la nuestra, donde históricamente la clase política se ha subordinado a los designios de los más diversos negociantes de la cosa pública. Pedir que no se haga caso de la información oficial sobre el seguimiento de la pandemia del Covid-19 es, por supuesto, una grave irresponsabilidad legal; pero políticamente muestra el grado de presión de poderes fácticos que no terminan de quedarse quietos. Antes fueron algunos mandos de la milicia, luego impresentables emisarios políticos del pasado reciente como Felipe Calderón, después gobernadores que sueñan con suceder a Obrador en 2024 y hasta connotados actores de cine; ahora, el poder mediático de un consorcio televisivo desde hace tiempo beneficiado.
Aunque han topado con pared, está claro que esos poderes fácticos no se darán por vencidos, esperando que, tal vez, en algún momento, pueda prender el golpeteo asestado. Mientras, el oportunismo más descarado seguirá presente porque, esa es la tendencia de la relación capital-Estado en una época como la nuestra, en la que, por lo demás, pareciera que el mínimo recato ideológico se ha evaporado y la “apariencia del capital” no alcanza a cubrir de legítimo “interés” lo que siempre ha sido brutal ganancia de unos cuantos. Sin embargo, también ha quedado claro que el Estado puede gozar de autonomía relativa, en ciertos contextos, para frenar esos intereses ilegítimos. Así, sin menoscabo del ejercicio de la libertad de expresión, es dable la actuación estatal para no ceder a las presiones de un cierto tipo de capital que, como el corporativo comunicacional ampliamente conocido, juega a desestabilizar.
A propósito de grandes empresarios buitres, mandos militares acelerados, medios de comunicación manipuladores de la información, políticos corruptos, partidos desdibujados, bajos fondos donde la criminalidad organizada sirve también a los intereses de los poderosos, intrigas palaciegas e impunidad reinante, son algunos de los temas que, necesariamente interconectados, sirvieron al escritor brasileño Rubem Fonseca, recientemente fallecido, para retratar el cuadro social imperante en su país a mediados del siglo pasado. En su novela “Agosto”, Fonseca combina el relato histórico con la ficción y describe los últimos días del presidente Getulio Vargas, quien saldría, suicidado, de la presidencia en 1954. El crimen de un alto mando del ejército sería el pretexto para azuzar a los poderes fácticos en contra de Vargas, sobre todo por parte del periodismo carroñero de los “lacerdistas”. Imperdible obra de Fonseca que recuerda el típico cuadro político-económico asociado a los golpes de Estado en América Latina en el siglo pasado.
Afortunadamente, los tiempos y las circunstancias de todo ese cuadro de proclividad al golpismo y la inestabilidad en los países latinoamericanos son distintos, en el sentido del contrapoder que las amplias redes sociales han venido propiciando. Sin embargo, los intereses de los poderes fácticos están siempre al acecho para dar cualquier golpe que les permita ir avanzado y es por eso que se requiere la respuesta certera del pueblo organizado. Sin embargo, aquí es donde, hasta el momento, por las interminables disputas en el principal partido aliado del gobierno, es que no siempre se ha dado el debido acompañamiento en las decisiones que se han tomado. Pero ahí va caminando el proyecto de la cuarta transformación, con todo y contingencia sanitaria; al punto que ya se avizora la ratificación de mandato.