RAZONES

La versión oficial sobre las razones por las cuales el gobierno del estado contrató dos despachos norteamericanos especializados en cabildeo y estrategia política no se sostiene; no es creíble. Y existe una posible explicación alternativa. 

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Conforme lo reveló el martes en su portada principal el periódico Reforma, con base en documentos y registros oficiales del vecino país del norte, el gobierno gallardista, a través de su Secretaría de Desarrollo Económico, contrató a los despachos Drake Ventures LLC y London Global Strategies -asociados entre sí-, para servicios de consultoría y relaciones públicas.

Al respecto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona salió rápidamente a decir que la contratación (750 mil dólares por un período de seis meses) no tenía nada que ver con asuntos legales, judiciales o cosas parecidas; que simplemente se trataba de una medida para promover nuevas inversiones norteamericanas. Por donde se le mire, eso no parece cierto. Veamos por qué:

Primero, por el sigilo, el secretismo. Ambos contratos fueron firmados por Roger Stone en representación de Drake Ventures y London Global Strategies, y por Mario García Valdez representando al gobierno del estado. Ambos personajes estamparon sus firmas el 10 de junio, y no obstante que, según la narrativa oficial, se trató de algo positivo y prometedor para el futuro desarrollo económico de la entidad, lo ocultaron, lo callaron. Recién, Gallardo Cardona ha dicho que se trata de algo similar a lo que se hace con la oficina de promoción de inversiones montada por su gobierno en Japón. Ese hecho lo publicitaron con bombo, platillo y fuegos artificiales. ¿Por qué este no?

Como lo imponen las leyes norteamericanas, ambos contratos fueron registrados ante el Departamento de Justicia el 20 de junio, y de ahí extrajo Reforma el sustento de su nota del 30 del mismo mes. Aquí callaron como momias.

Además, el día 10 estuvo en esta ciudad Roger Stone. Llegó a las 11:21 horas al aeropuerto Ponciano Arriaga, a bordo de un jet privado marca Hawker, matricula norteamericana N500XP, habiendo despegado 3 horas y nueve minutos antes de Fort Lauderdale, Florida, ciudad donde tiene sus oficinas Drake Ventures LLC. Fue recibido por funcionarios de la secretaría de Desarrollo Económico a cargo de Mario García Valdez. Permaneció dos días aquí, durante las cuales al parecer se entrevistó en dos ocasiones con el gobernador. Regresó en la misma aeronave al mismo lugar el viernes 12. 

A la luz de experiencias anteriores en materia de promociones económicas, por supuesto que es sospechoso el silencio, el ocultamiento total del asunto por parte de las autoridades estatales. Tuvieron aquí a su célebre consultor principal y lejos de presumirlo en una rueda de prensa, lo ocultaron. 

En segundo lugar, otra poderosa razón para descreer de la versión oficial es el perfil de los consultores/asesores. Roger Stone tiene medio siglo en el oficio. Comenzó muy joven en la campaña de Nixon en 1968. Aprovechando su cercanía con esa administración montó un despacho de cabildeo. Siempre se ha identificado con el Partido Republicano, y dentro de éste con su ala más radical de derecha. Desde 1987 tiene vínculos cercanos con Donald Trump.

Del cabildeo evolucionó a la estrategia política. Fue el principal consultor de Trump en esa materia en su campaña de 2016 y actualmente goza de gran influencia en la Casa Blanca. En el medio, a Stone se le conoce como un jugador de pelota dura, practicante de la política afilada, como dicen los norteamericanos. Aquí lo llamaríamos experto en guerra sucia. Hay autores que lo consideran el creador de una estrategia en particular, que ha mostrado ser eficaz: olvidarse de promover la buena imagen de sus asesorados y dedicarse a destruir la de sus opositores. Lo hizo así con Hillary Clinton para que pudiera derrotarla Trump. 

No hay manera de ver a este personaje, que cobra honorarios altísimos, dedicado a promover juntas de Mario García con posibles inversionistas.

En tercero y último lugar, no me 

parece admisible la narrativa oficial por algo que los potosinos tenemos bien sabido desde hace años: este gobierno es mitómano; miente como respira, miente sin tener necesidad de hacerlo y cuando lo hace, él solito se pone en evidencia. Cualquier recuento mínimo de sus embustes sería larguísimo.

Dije al inicio que en cuanto a las verdaderas razones de este lance gallardista existe una posible explicación alternativa. Conocida la contratación de los despachos y sus particulares perfiles profesionales, de inmediato y de manera casi unánime los medios asumieron que se traba de un recurso para indagar si hay razones legales para preocuparse respecto de eventuales acciones punitivas de las autoridades norteamericanas. Es decir, una interpretación mayoritaria es que Gallardo recurrió a Stone para que aprovechara sus altos contactos e investigara si hay investigaciones criminales que lo involucren.

Este encuadre de la situación se facilita mucho por el contexto reciente: a mediados de mayo, el periodista Raymundo Riva Palacio dijo en su columna de El Financiero que "Las agencias estadounidenses tienen tres investigaciones abiertas contra los gobernadores Esteban Villegas, de Durango; Pablo Lemus, de Jalisco, y Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí...". Un mes después, el pasado 21 de junio, el comentarista Claudio Ochoa afirmó en El Universal que "el gobierno mexicano tiene un expediente del gobernador de San Luis Potosí, que coincide con lo que ha recopilado la embajada de EU en México: vínculos con el narco".

Y más recientemente, el pasado fin de semana, el prestigiado New York Times publicó con despliegue que por lo menos una decena de altos funcionarios morenistas, de elección popular y de designación, han buscado colaborar con las autoridades norteamericanas, incluso delatando a sus compañeros cuatroteístas, para negociar impunidad o trato benevolente.

Con esos elementos de telón de fondo, es fácil llegar a la conclusión de que lo que verdaderamente está buscando Gallardo es acercamiento, para fines de protección propia, con autoridades del vecino país. En esa línea de razonamiento, encaja bien el tipo de asuntos que habitualmente atienden los despachos contratados.

Sin embargo, encuentro una posible explicación alternativa, que no es excluyente de lo anterior. Me parece que la contratación de Stone y asociados es más bien para que refuercen o rediseñen la precampaña de la senadora Ruth, cuyos niveles de intención de voto siguen siendo razonablemente buenos, pero tienen meses estancados. "Ya no crece, ya topó con techo", me aseguró un enterado del tema.

Desde este enfoque -que asume que finalmente doña Ruth será la candidata a gobernadora pero por el Verde, sin alianza con Morena ni el PT, la conclusión lógica es que el gallardismo decidió echar mano de la artillería más pesada a su alcance para derrotar a cualquiera que se le ponga enfrente, de un modo u otro.

Si estoy en lo correcto, deberíamos prepararnos para asistir a la campaña electoral más dura, más violenta y más perra que hayamos visto nunca. Sin olvidar que los despachos floridenses tienen capacidad y recursos para atender ambos requerimientos: buscar posibles indagaciones adversas a Gallardo Cardona y comenzar a preparar técnicas rudas de campaña.

Por último, una consulta abierta a los buenos abogados potosinos. Hace menos de un mes, el 6 de junio, entraron en vigor las últimas reformas constitucionales. Una de ellas significó añadir un breve párrafo a la Base VI del artículo 41 de la Constitución General de la República. La base citada se refiere a las causas por las que se pueden anular elecciones, sean federales o estatales. El nuevo texto, convertido en el inciso d), dice "Se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales". Si con el apoyo de Drake Venturas LLC y London Global Strategies la senadora ganara la elección del 2027 ¿se actualizaría esa causal de nulidad? Es pregunta.

COMPRIMIDOS

El tema anterior absorbió demasiado espacio, y eso que hice un esfuerzo de síntesis, pero les comento lo que me parece más relevante de los registros morenistas del viernes pasado. Lo primero es entender que hay que tomárselo con mucha calma, pues el cuadro completo de quienes finalmente competirán por la gubernatura dentro de once meses, estará definido a más tardar el 27 de febrero próximo, día que se cerrarán los registros de candidatos. Antes de esa fecha fatal, pueden pasar muchas cosas.

Rita Ozalia Rodríguez no se registró por una precaución institucional que enseguida les explico, pero ella estará en las encuestas que se realizarán para encontrar al candidato(a) de la alianza cuatroteísta. Estos trabajos demoscópicos iniciarán en septiembre venidero, según lo ha declarado la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández. El paso más inmediato comenzará "al término del mundial", y consistirá en aplicar los filtros a los 277 solicitantes de registro.

La razón por la que doña Rita recibió instrucciones superiores de no inscribirse fue porque eso supondría renunciar a la presidencia del Comité Estatal de Morena, con la indeseable circunstancia que también el presidente de su Consejo Estatal, el diputado Carlos Arreola Mallol, decidió abandonar ese puesto para ir a registrarse. Esto habría supuesto un enorme vacío de poder en las estructuras partidistas de mando, sin tener amarres previos con los no pocos interesados en hacerse con el control de Morena. La Convocatoria y los estatutos prevén situaciones de esta naturaleza y por lo mismo facultan a sus organismos nacionales para hacer excepciones y aplicar decisiones extraordinarias.

Nuestros muy centaveados y sometidos diputados locales -con unas cuantas excepciones-, le sacaron la vuelta a legislar para establecer la obligatoriedad de practicarse exámenes y pruebas de control de confianza a los aspirantes a cargos de elección popular. Su argumento es una bobada: que podrían atentar contra el derecho a votar y ser votado. Son o se hacen. Este derecho no es absoluto, su ejercicio está lleno de requisitos y condicionantes. Por ejemplo, la edad, la nacionalidad, la residencia o vecindad; la inscripción en el padrón electoral; no estar cumpliendo sentencias por ciertos delitos, etcétera. Cuando les tiemblen las corvas o se los ordenen, no inventen excusas tan tontas.

Hasta el próximo jueves.