Septiembre; mes patrio, mes del testamento –aproveche- y mes en el que comienza un nuevo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión, así como en las treinta y dos legislaturas de las entidades federativas. En honor a la verdad, no puede decirse que quienes integran los distintos cuerpos legislativos en nuestro país estaban de vacaciones desde el cierre del periodo ordinario anterior -eso ocurre entre abril y junio, según sea el caso-, hay que recordar que se abrieron periodos extraordinarios de sesiones para resolver a proyectos legislativos cuya naturaleza requería trámite sin demora.
Con la apertura de un nuevo periodo ordinario de sesiones, viene un acto que cobra relevancia en la medida en que quienes participan en él, le ponen la seriedad requerida: se trata de la construcción y presentación de la agenda legislativa de cada grupo parlamentario. Como se ha de imaginar, una agenda legislativa es un plan, un conjunto de temas, prioridades, estrategias y acciones legislativas encaminadas a cumplir determinados fines políticos que pueden corresponder –o no- con la visión de estado que tienen las(os) representantes populares.
La agenda legislativa de una fracción parlamentaria puede tener distintas facetas: pensemos por ejemplo en la agenda del partido MORENA de donde emana el titular del Poder Ejecutivo Federal y que además cuentan con la mayoría de escaños en el Congreso de la Unión. Puede esperarse que la construcción de la agenda responda a la declaración de asuntos prioritarios que públicamente han sido presentados como necesarios e importantes; otros son lugares comunes. ¿Recuerda que hace seis años se impulsó un acuerdo político denominado “Pacto por México” en el que se aprobó un conjunto de reformas –estructurales, les llamaron- que establecieron un marco general a partir del cual se implementaron las estrategias y políticas del Gobierno de la República –antes le llamaban Gobierno Federal, hoy el llaman Gobierno de México-?. El diseño de este “Pacto por México” requirió de negociaciones y acuerdos políticos sobre una agenda legislativa. Sus resultados nos tienen, para bien o para mal, en el lugar en el que nos encontramos ahora.
Otra faceta de la agenda legislativa es la que pueden adoptar los partidos políticos de oposición. En algunos casos la construcción y presentación de la misma suele ser más bien un reflejo de la agenda del grupo mayoritario, pero buscando equilibrar o preservar los cambios propuestos. También existe la posibilidad de que cualquier grupo, mayoritario o no, presente un conjunto de asuntos que no parecen tener una noción de integralidad con respecto al presente necesario o al futuro posible. Así es la política.
Una idea más antes de mostrar mis cartas. Como Usted sabe, durante la segunda parte del año, gran parte del trabajo político en los congresos se orienta a la discusión y aprobación de los presupuestos de egresos para el año 2020. También es año pre-electoral en casi todo el país, no pierda de vista esta clave.
La preocupación que ahora le comparto se relaciona con tres riesgos visibles: la aritmética política permitiría que, en el ámbito federal, se impulse una agenda legislativa que no se base en consensos sino en la imposición de mayorías “en el nombre del pueblo”. Lo hemos advertido en otro momento: la calidad democrática de la política no tiene que ver solo con los comicios que originan la designación de representantes populares, sino la capacidad que se tiene de formular decisiones políticas –o leyes- que consideren la pluralidad de discursos, representaciones y visiones presentes en las cámaras legislativas. Otro riesgo se relaciona con la aprobación del presupuesto, tiene que ver con que la tónica en que se discuten y negocian las agendas legislativas: pocas cosas son tan dañinas para una sociedad como someter las negociaciones políticas con amagos presupuestales. El tercer riesgo se relaciona con el año pre-electoral, ha ocurrido en el pasado: las decisiones políticas y las reformas propuestas no pueden ser, de ninguna manera, una preparación de terreno para favorecer –o arruinar- a proyectos electorales futuros.
Los tres riesgos están a la vista. ¿habrá madurez política y convicción democrática para evitarlos? Estamos por averiguarlo.
Twitter. @marcoivanvargas