[Spoiler alert: En general, las personas
sí sabemos lo que queremos].
Hace unos 25 años, Mark Moore publicó un texto llamado “Gestión estratégica y creación de valor en el sector público” donde recupera la eterna preocupación sobre lo que deben hacer las personas que dirigen en el sector público para mejorar el rendimiento de sus organizaciones. No le voy a arruinar la lectura del texto, pero sus principales aportaciones pueden entenderse desde las siguientes preguntas: ¿qué pueden esperar los ciudadanos y sus representantes de los ejecutivos públicos?, ¿qué fuentes pueden consultar estos últimos para poder saber hacia dónde orientarse su labor? y ¿en qué aspectos pueden centrar sus proyectos de innovación?
Desconozco la razón por la que la Teoría del Valor Público no goza de la misma popularidad que otras corrientes de la disciplina de la administración pública como lo son la teoría clásica de la Administración Pública, la Nueva Gestión Pública o el afamado enfoque de Políticas Públicas, pero me parece que propone una perspectiva fundamental para repensar el funcionamiento de las organizaciones públicas: ¿Qué esperan los ciudadanos de sus autoridades?
Muchas organizaciones del sector público parten de la perspectiva de que el cumplimiento de sus funciones se describe y enmarca en los estrictos límites de lo que establece la ley, los reglamentos y sus procedimientos, pero suele perderse de vista la manera en que la ciudadanía percibe, entiende y demanda acciones y servicios por parte de las organizaciones del sector público.
Las autoridades electorales y de manera concreta, las autoridades administrativas -como lo son el Instituto Nacional Electoral (INE) o los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES)- tienen responsabilidades constitucionales que se relacionan con el funcionamiento del sistema electoral y de partidos que, en última instancia hacen funcionar al sistema político. Cuando el engranaje del sistema electoral y el sistema de partidos funciona de forma armónica, el sistema político se mantiene en equilibrio, no colapsa.
Estas funciones están establecidas en todo momento, por las disposiciones legales -Constitución, Tratados Internacionales, Leyes, Reglamentos- cuya definición suele estar en manos de las fuerzas políticas presentes en el Legislativo. Si se quiere ver al sistema electoral como una contienda, son los jugadores los que definen las reglas para mantener la competitividad del juego. El árbitro tiene como responsabilidad fundamental, verificar y hacer cumplir el reglamento. Quizás puede intuir para dónde voy: Esta metáfora le queda a deber al público, la ciudadanía, que no solo es protagonista, sino propietaria del juego. En todo caso, lo que debemos preguntarnos es si la configuración del sistema electoral y de partidos, sus autoridades, sus contendientes y las normas que le hacen funcionar, le quedan o no a deber a la ciudadanía, en función de sus necesidades y expectativas.
Regreso a la propuesta analítica de Mark Moore. El fortalecimiento del sistema democrático debe centrarse, en definitiva, desde la perspectiva de la ciudadanía. En este espacio hemos dado cuenta de las distintas encuestas de cultura política que demuestran el deterioro paulatino en la confianza de la ciudadanía por la democracia y sus instituciones. Parte de este deterioro puede explicarse tanto por el comportamiento de algunos actores que protagonizan la contienda, como por la crisis de representatividad existente cuando el electorado no percibe que sus necesidades, expectativas o demandas se logren materializar en acuerdos políticos consistentes que transforman una realidad concreta.
Hemos dicho también que la sofisticación de la manera en que organizamos elecciones en México debe superar, por mucho, a las intenciones o capacidades de que alguien haga trampa. La construcción de la confianza en la organización de las elecciones encuentra su fundamento en la centralidad de la ciudadanía y no en el costo o hipersofisticación de sus procedimientos.
Partamos de un enfoque distinto. Sería saludable que tanto las autoridades electorales -administrativas y jurisdiccionales-, partidos políticos y representantes populares, reconozcan la necesidad de contar con referentes que permitan conocer las expectativas de la ciudadanía sobre la configuración y desempeño del sistema electoral. Hay que preguntar qué significa la democracia para la ciudadanía, cuál es el valor de las elecciones, qué necesitamos mejorar en la manera de organizarlas. Desde la perspectiva de valor público, es siempre más útil saber lo que piensa la población, que lo que un tomador de decisiones considera que es mejor para el público, y actuar en consecuencia. ¿Eso no sería también democracia?
Twitter. @marcoivanvargas