Hace un poco más de sesenta años, Charles Lindblom publicó un texto llamado “La ciencia de salir del paso”. En este clásico del análisis de las políticas públicas y la toma de decisiones, Lindblom describe el complejo escenario en el que las personas que se dedican a la política y la administración pública, enfrentan dilemas para abordar a los problemas públicos. La tesis principal del texto establece que frente a los problemas públicos complejos, el administrador público no formulará un paquete integral de soluciones de política pública basado en un análisis exhaustivo, bien pensado, calculado, basado en teoría; la experiencia demuestra que las limitantes de información, conocimiento, recursos y tiempo, orilla a los administradores públicos a formular alternativas de decisión muy limitadas donde no se calculan las consecuencias importantes, no se comparan con otras alternativas de política, no se basan en teorías o bases de conocimiento válidas. El título es más que elocuente, se trata de salir del paso.
La incesante secuencia de fenómenos que se convierten en problemas públicos, constituye la materia de trabajo de quienes toman la valiente –y según Lindblom, probablemente desinformada- decisión de dedicarse a gobernar. En los muchos años –sin agraviar a nadie- que tenemos de observar los asuntos políticos, no nos costará trabajo recordar cómo se presentan hechos que parecen rebasar las capacidades personales e institucionales de abordar adecuadamente un problema público –por el momento descarte Usted la aspiración a resolverlo, eso es cosa distinta-. Mirar la realidad actual bajo la propuesta analítica de Lindblom, permite entender con claridad lo que está ocurriendo en nuestro país. En el nombre de la eficacia y bajo condiciones de una enorme presión social, los gobernantes formulan –o improvisan- alternativas de solución que no resuelven los problemas de raíz, intentan salir del paso mientras la propia dinámica social presenta nuevos retos que vendrán a sustituir a los problemas anteriores.
Hay ciertas condiciones contextuales que impulsan a los funcionarios públicos a privilegiar las intervenciones reactivas por sobre las preventivas. Si tomamos como ejemplo de observación el atroz infanticidio de Fátima Cecilia Aldrighett Anton, que ha conmocionado –con sobrada razón- a la vida pública nacional, encontramos algunas regularidades que se asemejan a otros episodios que hemos visto recientemente. Es posible identificar, por lo menos, cuatro ámbitos de actuación: por una parte, una vez que ocurrió el asesinato, (1) se vuelca una gran cantidad de recursos institucionales para dar con los culpables a fin de que el crimen no quede impune –a esto le llaman resolver el caso-; (2) se difunden ampliamente los avances de las investigaciones para que sean conocidos por todas(os) –esta es una aspiración a demostrar un sentido de eficacia-; (3) como siempre #UrgeLegislar, surgen iniciativas que dicen atender el problema, pero que carecen de un sentido de integralidad -como las típicas propuestas de aumentar las penas a algunos delitos pasando por alto la copiosa teoría que ya ha abordado el asunto-; (4) alguien anuncia algunas medidas para mejorar la capacidad de reacción ante un hecho similar, y pasado el tiempo, ocurre que nadie le da seguimiento.
Como el contexto demanda atender una crisis, estos ámbitos de actuación se caracterizan por ser eminentemente reactivos. Las medidas preventivas que pudieran evitar que hoy hablemos de feminicidios, infanticidios o desapariciones, no reciben atención prioritaria. No reciben presupuesto. Esto es un problema serio de enfoque: ¿en qué consiste la eficacia del estado? ¿en prevenir desapariciones o en capturar asesinos?. Entiendo que un planteamiento serio no admite maniqueísmos de este tipo. El problema es que las actuaciones gubernamentales tampoco deberían comportarse bajo esa lógica.
El surgimiento legítimo de reclamos sociales que denuncian la ineficacia de las Instituciones del estado mexicano es algo que debe tomarse en serio. Noto con preocupación –pero sin sorpresa- que algunos gobernantes parecen ser más reactivos a la temperatura social con la que se demandan resultados, pero terminan improvisando sus actuaciones por el sentido de premura y la necesidad de demostrar cierta eficacia.
Dudo que sea falta de voluntad, lo que impide que los gobiernos puedan resolver los problemas públicos complejos. Me parece que asistimos más bien a una equivocación en el método: gobiernan administrando problemas y en ello creen que hacen lo correcto.
En democracia, los reclamos sociales no exigen caras nuevas, sino gobiernos que funcionen.
Twitter. @marcoivanvargas