Ha comenzado la discusión sobre la reforma política en México. En esta ocasión –y como cada seis años- existe la intención de reformar a nuestro sistema electoral a través de decenas de iniciativas que se han presentado en el Congreso de la Unión; esto forma parte ya de un comportamiento legislativo más o menos previsible, donde los partidos políticos buscan ajustar –o perfeccionar- el sistema de elecciones basados en el análisis de las experiencias de los comicios anteriores.
Hasta ahí no hemos descrito nada nuevo. Solo por recordar de forma breve: en 2006 los partidos políticos denunciaron que existían intromisiones de grupos económicos privados quienes trataban de incidir en el voto del electorado a través de la contratación de spots en radio y televisión, por lo que la reforma de 2007 introdujo un modelo de comunicación política donde se establecieron restricciones, límites y parámetros sobre la información que puede ser difundida durante los procesos electorales. Recordará también que en 2012 hubo acusaciones por parte de los partidos políticos donde se señaló que desde las gubernaturas y congresos locales se trató de incidir en los procesos electorales a través de presiones a los árbitros electorales, desvío de recursos públicos gubernamentales a candidaturas y un gran cantidad de recursos privados que se inyectaron a las campañas proselitistas. Esto detonó una reforma en 2014 que redistribuyó las funciones entre el INE y los Institutos electorales locales –llamados Organismos Públicos Locales Electorales-, modificó el mecanismo de designación de Consejeras y Consejeros –se quitó esa potestad a los congresos locales para otorgársela al Consejo General del INE y evitar así las presiones y cuotas de partidos políticos- y se reformuló el mecanismo de fiscalización a gastos de campaña. Sirvan los ejemplos mencionados para insistir en la hipótesis de que las reformas electorales son ajustes –normalmente demandados por los partidos perdedores- para ofrecer mayores condiciones de equidad en la contienda.
Pero hoy la historia es distinta. Las propuestas más radicales de reforma vienen desde la mayoría ganadora, lo que resulta curioso y atípico. Su argumento de la reforma no es la competitividad de la contienda, sino el costo de la democracia. Y les asiste cierta razón en ello: el funcionamiento de la democracia electoral en el país suele ser vista a partir de la suma de varios conceptos. El costo operativo de las autoridades –INE, OPLEs, Tribunales-, el financiamiento público a partidos políticos –para sus gastos ordinarios y los de campañas- y el costo de organización de procesos electorales.
Lo curioso del tema es que a todos parece interesar la disminución del gasto público, pero nadie se pone de acuerdo sobre qué rubros tendrían que recortarse. Quien quiera entrar de forma seria en el asunto primero tiene que partir del compromiso ético de hablar con la verdad. Y quiero referirme a ello porque he notado que en el discurso político, con el fin de propiciar una reacción negativa sobre el asunto, se han empleado cifras globales sobre el costo de la democracia electoral sin ofrecer detalles sobre el desglose de estos montos. El diablo siempre está en los detalles.
Le doy tres ejemplos. Hay partidos políticos que cuestionan el costo operativo del INE pero desconocen –o peor aún, omiten- el hecho de que entre el 25 y 30% del presupuesto operativo se destina al padrón electoral y a la producción de la credencial para votar, principal medio de identificación oficial en México –si no me cree, intente hacer algo en un banco sin su credencial-; tampoco se habla de que en realidad el INE y los OPLEs se dedican a implementar las medidas que los propios partidos políticos han creado para garantizar la equidad de las contiendas. Se ha señalado que el costo de los OPLEs ronda en todo el país los diez mil millones de pesos, pero se omite detallar que aproximadamente la mitad de estos recursos se destinan al financiamiento de partidos políticos –tampoco se menciona que hay duplicidad de financiamiento de partidos: nacional y local-. Tampoco se reconoce que gran parte del costo de los procesos electorales se relaciona con la cantidad creciente de electores, el incremento de las medidas de seguridad en nuestros mecanismos para votar y contar los votos, la necesidad de garantizar los derechos políticos para todos y un largo etcétera.
Que nadie se confunda. Todos estamos a favor de disminuir los costos de nuestras elecciones, ¿Queremos hablar sobre reforma electoral? empecemos hablando con verdad a la población.
Twitter. @marcoivanvargas