“Ayto. debe reponer la elección de titular para atención a indígenas”
Halla TEE inconsistencias en la convocatoria y en proceso de consultas a comunidades

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) resolvió que el Ayuntamiento de San Luis Potosí debe realizar de nueva cuenta el proceso para la elección de la persona titular de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas, la cual hasta el momento era ocupada por Palmira Flores García.
Según el expediente TESLP/JDC/67/2019 se expone que el Ayuntamiento capitalino fue omiso en cumplir con las sentencias previas que establecen la necesidad de una consulta indígena para garantizar la participación de las comunidades indígenas en la designación del director de Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas, de igual forma se menciona que se han dictado diversas resoluciones interlocutorias en 2020, 2022 y 2024 sin que el Ayuntamiento haya cumplido adecuadamente.
Las comunidades Mazahua, Mixteca Baja, Xi-oii (Pames) y Huachichil manifestaron su inconformidad con la manera en que se llevó el proceso de consulta, pues argumentaron que no se realizó para identificar a los miembros de las comunidades. De igual forma, la sentencia señala que la convocatoria original no fue traducida a las lenguas Mazahua, Mixteca, Baja, Xiou’i, Pame y Huachichil.
Ante esta situación, el TEESLP resolvió que el Ayuntamiento capitalino deberá realizar de forma adecuada los trabajos de la consulta indígena para elegir al director de la Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas a fin de incluir a todos los pueblos originarios con presencia en el municipio en un plazo no mayor a 5 meses. La convocatoria deberá publicarse en el Periódico Oficial y la Gaceta Municipal, así como en otro medio que por unanimidad o mayoría aprueben las comunidades indígenas.
Por su parte, Palmira Flores García señaló en sus redes sociales que la entidad potosina enfrenta una crisis en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pues explicó que la resolución del TEESLP evidencia una falta de conocimiento y compromiso del tribunal en materia de derechos indígenas, en lugar de garantizar la autonomía de los pueblos se prioriza los formalismos administrativos sobre los verdaderos intereses colectivos.
Explicó que esta decisión legitima a los impulsores de esta sentencia, a los cuales denunció que han ejercido violencia política contra su persona y los acusó de instrumentalizar la causa indígena para obtener beneficios políticos, con el apoyo de asesores vinculados a partidos que buscan apropiarse de los recursos destinados a los pueblos indígenas.
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