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Crimen sin castigo
Dilema automotriz
Como en muchos otros delitos, en San Luis Potosí la impunidad campea entre los responsables de los crímenes relacionados con la trata de personas.
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Los números son de horror. De 63 delitos reconocidos en San Luis Potosí durante 2016, según el informe más reciente de la Comisión Intersecretarial para combatir esos delitos, que coordina la Secretaría de Gobernación, apenas se abrieron seis averiguaciones previas por parte de la PGR y la entonces PGJE.
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Y de ellas, apenas una sentencia. Es decir, una impunidad de 98.4 por ciento.
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Eso sin contar la cifra negra de delitos cometidos que no son denunciados y que, muy frecuentemente, superan los números oficialmente reconocidos.
Son datos notables del informe que, contra lo que pudiera pensarse, la modalidad específica de trata de personas más denunciada no está relacionada con la explotación sexual, sino a la laboral.
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Y también que son los hombres, y no las mujeres, las víctimas mayoritarias.
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El foco, entonces, además de las instancias procuradoras de justicia federal y estatal, además de las judiciales, se pone sobre las instancias laborales.
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De acuerdo a cálculos académicos y de la iniciativa privada, en México apenas se paga a los empleados de la industria automotriz el 16 por ciento de lo que reciben sus contrapartes en Estados Unidos.
La noticia de que el gobierno de Trump está buscando anular la carta de la mano de obra barata, con la que México le ha ganado el juego, es un arma de dos filos.
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A la clase trabajadora, la demanda estadounidense de ecualizar sueldos debe ser música celestial. Los empresarios ya hablaron, y mal, de la medida. Aunque su discurso se acerca más a un nacionalismo ramplón, aduciendo que una medida de esa naturaleza no puede imponerla un gobierno extranjero.
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Desde luego que ni la IP ni las autoridades reconocerán que la base del éxito económico de la industria automotriz, y de buena parte de la industria en general en nuestro país residen en los bajos sueldos pagados a los trabajadores.
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Independientemente de esa admisión, el dilema planteado por la propuesta del gobierno de Trump a la industria mexicana no es muy halagüeño.
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Aceptar el incremento de sueldos beneficiaría a los trabajadores, pero le restaría competitividad a la industria. Rechazarlo conservaría esa ventaja, pero con el riesgo de perder el principal mercado de exportación.
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¡HASTA MAÑANA!
Dilema automotriz
Como en muchos otros delitos, en San Luis Potosí la impunidad campea entre los responsables de los crímenes relacionados con la trata de personas.
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Los números son de horror. De 63 delitos reconocidos en San Luis Potosí durante 2016, según el informe más reciente de la Comisión Intersecretarial para combatir esos delitos, que coordina la Secretaría de Gobernación, apenas se abrieron seis averiguaciones previas por parte de la PGR y la entonces PGJE.
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Y de ellas, apenas una sentencia. Es decir, una impunidad de 98.4 por ciento.
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Eso sin contar la cifra negra de delitos cometidos que no son denunciados y que, muy frecuentemente, superan los números oficialmente reconocidos.
Son datos notables del informe que, contra lo que pudiera pensarse, la modalidad específica de trata de personas más denunciada no está relacionada con la explotación sexual, sino a la laboral.
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Y también que son los hombres, y no las mujeres, las víctimas mayoritarias.
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El foco, entonces, además de las instancias procuradoras de justicia federal y estatal, además de las judiciales, se pone sobre las instancias laborales.
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De acuerdo a cálculos académicos y de la iniciativa privada, en México apenas se paga a los empleados de la industria automotriz el 16 por ciento de lo que reciben sus contrapartes en Estados Unidos.
La noticia de que el gobierno de Trump está buscando anular la carta de la mano de obra barata, con la que México le ha ganado el juego, es un arma de dos filos.
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A la clase trabajadora, la demanda estadounidense de ecualizar sueldos debe ser música celestial. Los empresarios ya hablaron, y mal, de la medida. Aunque su discurso se acerca más a un nacionalismo ramplón, aduciendo que una medida de esa naturaleza no puede imponerla un gobierno extranjero.
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Desde luego que ni la IP ni las autoridades reconocerán que la base del éxito económico de la industria automotriz, y de buena parte de la industria en general en nuestro país residen en los bajos sueldos pagados a los trabajadores.
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Independientemente de esa admisión, el dilema planteado por la propuesta del gobierno de Trump a la industria mexicana no es muy halagüeño.
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Aceptar el incremento de sueldos beneficiaría a los trabajadores, pero le restaría competitividad a la industria. Rechazarlo conservaría esa ventaja, pero con el riesgo de perder el principal mercado de exportación.
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¡HASTA MAÑANA!
