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Acuerdan y no cumplen
Jornaleros desprotegidos
Hace unos días la actual Junta de Coordinación Política (Jucopo) anunció que investigará a integrantes de la anterior Legislatura para tratar de determinar el “hilo negro”: por qué un laudo alcanzó 1.8 millones de pesos en favor de un empleado que aún labora en el Congreso, pero esa misma instancia aprobó el año pasado un convenio para zanjar el litigio que, en el colmo de la irresponsabilidad, no se ha cumplido.
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El convenio extrajudicial, firmado en febrero pasado, incluía el pago de 250 mil pesos a Raúl Jiménez López y del cual sólo hay evidencia de un abono no tan “chiquito” de cien mil pesos.
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La autorización del convenio extrajudicial aceptado por la Jucopo aparece en el acta número 29, de la sesión celebrada el 26 de febrero de 2017 y de cuyo contenido, Pulso le da cuenta en esta edición.
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En el punto número 8 del acta, se autoriza el convenio extrajudicial con Jiménez López “para resolver la controversia laboral” mediante el pago de la mencio-nada cantidad.
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El dinero se le entregaría a través de una primera asignación de 100 mil pesos, que fue pagada con el cheque 61607, emitido el 7 de marzo de ese año y luego, tres mensualidades de 50 mil pesos cada una que serían consecutivas.
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Por descuido, olvido o simple y llana negligencia, el Poder Legislativo simplemente no cumplió y ahora el monto supera ya el millón de pesos. Resulta obvio que ninguno de los diputados pagará por la pifia. Seremos todos los potosinos, con nuestros impuestos, quienes —finalmente— terminaremos pagando por el errorcillo.
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San Luis Potosí ocupa el noveno sitio con mayor proporción de trabajadores agrícolas y jornaleros en su población laboral, pero a pesar de ello las autoridades laborales en la entidad mantienen omisiones que posibilitan la existencia de delitos en campos agrícolas, determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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La información se desprende del “Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas” indica que el 14.9 por ciento de la población laboral entra en la categoría de jornaleros agrícolas, ubicándose en el noveno sitio entre las entidades federativas.
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Lo malo del asunto es que el reporte señala que las autoridades laborales de la entidad, federales y estatales, no realizan acciones tendientes a detectar, identificar y prevenir abusos y delitos en los sitios en los que laboran.
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San Luis tampoco hay informes sobre ese tipo de conductas a las instancias defensores de los derechos humanos.
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Además, el reporte señala que la CNDH no halló evidencia de que dichas dependencias participaran en operaciones interinstitucionales.
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Adicionalmente, en San Luis Potosí hay omisiones para informar de acciones de detección e identificación en centros agrícolas que emplean mano de obra jornalera.
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Luego por qué se registran casos de abuso y sobre explotación de estos trabajadores que provienen de otras entidades del país.
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¡HASTA MAÑANA!
Jornaleros desprotegidos
Hace unos días la actual Junta de Coordinación Política (Jucopo) anunció que investigará a integrantes de la anterior Legislatura para tratar de determinar el “hilo negro”: por qué un laudo alcanzó 1.8 millones de pesos en favor de un empleado que aún labora en el Congreso, pero esa misma instancia aprobó el año pasado un convenio para zanjar el litigio que, en el colmo de la irresponsabilidad, no se ha cumplido.
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El convenio extrajudicial, firmado en febrero pasado, incluía el pago de 250 mil pesos a Raúl Jiménez López y del cual sólo hay evidencia de un abono no tan “chiquito” de cien mil pesos.
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La autorización del convenio extrajudicial aceptado por la Jucopo aparece en el acta número 29, de la sesión celebrada el 26 de febrero de 2017 y de cuyo contenido, Pulso le da cuenta en esta edición.
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En el punto número 8 del acta, se autoriza el convenio extrajudicial con Jiménez López “para resolver la controversia laboral” mediante el pago de la mencio-nada cantidad.
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El dinero se le entregaría a través de una primera asignación de 100 mil pesos, que fue pagada con el cheque 61607, emitido el 7 de marzo de ese año y luego, tres mensualidades de 50 mil pesos cada una que serían consecutivas.
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Por descuido, olvido o simple y llana negligencia, el Poder Legislativo simplemente no cumplió y ahora el monto supera ya el millón de pesos. Resulta obvio que ninguno de los diputados pagará por la pifia. Seremos todos los potosinos, con nuestros impuestos, quienes —finalmente— terminaremos pagando por el errorcillo.
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San Luis Potosí ocupa el noveno sitio con mayor proporción de trabajadores agrícolas y jornaleros en su población laboral, pero a pesar de ello las autoridades laborales en la entidad mantienen omisiones que posibilitan la existencia de delitos en campos agrícolas, determinó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
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La información se desprende del “Estudio sobre la intervención de las Autoridades del Trabajo en la prevención de la trata de personas y la detección de posibles víctimas en campos agrícolas” indica que el 14.9 por ciento de la población laboral entra en la categoría de jornaleros agrícolas, ubicándose en el noveno sitio entre las entidades federativas.
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Lo malo del asunto es que el reporte señala que las autoridades laborales de la entidad, federales y estatales, no realizan acciones tendientes a detectar, identificar y prevenir abusos y delitos en los sitios en los que laboran.
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San Luis tampoco hay informes sobre ese tipo de conductas a las instancias defensores de los derechos humanos.
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Además, el reporte señala que la CNDH no halló evidencia de que dichas dependencias participaran en operaciones interinstitucionales.
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Adicionalmente, en San Luis Potosí hay omisiones para informar de acciones de detección e identificación en centros agrícolas que emplean mano de obra jornalera.
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Luego por qué se registran casos de abuso y sobre explotación de estos trabajadores que provienen de otras entidades del país.
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¡HASTA MAÑANA!
