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Pese a que desde hace tres meses se emitieron medidas de protección para la familia de Karla Pontigo Lucciotto, víctima de feminicidio en 2012, ni autoridades estatales ni federales han atendido las mismas, reportó la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD). Recientemente un de sus integrantes fue agredido.
La organización no gubernamental (ONG), contextualizó que el 28 de enero pasado el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dictó las citadas medidas adicionales a la familia de Karla.
Precisó que el plan de protección aprobad fue notificado a la Secretaría de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a cargo de Alejandro Leal Tovías, mediante un oficio fechado al 9 de febrero 2020.
Criticó que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Jaime Ernesto Pineda Arteaga, tampoco ha hecho caso del requerimiento de medidas de protección por parte del Ministerio Público, en razón de la agresión hacia Pedro Pontigo Lucciotto, el 13 de mayo pasado.
Refirió que, como representante y acompañante de la familia, solicitó una reunión a cabo una reunión entre el Mecanismo, la Secretaría de Gobierno, la Fiscalía General del Estado (FGE), las víctimas y organizaciones acompañantes, a fin de progresar en la aplicación de las mismas.
No obstante, hasta el momento no ha sido posible contar con la disposición de las Secretarías de Gobierno y de la Seguridad Pública del Estado, por lo cual se emprenderán las acciones legales correspondientes.
La FJEDD sentenció que las agresiones en contra del hermano de Karla deben ser investigadas, y la FGE debe determinar si están vinculadas con su búsqueda de justicia. “Estar en época de pandemia no debe ser utilizado como pretexto para no brindar la protección que las víctimas”.
“Preocupa la desprotección de las víctimas y preocupa la falta de voluntad estatal (…) la Secretaría de Seguridad Pública y el Mecanismo de protección, tienen la responsabilidad de garantizar la integridad de la familia Lucciotto, en un contexto de aumento de riesgo a partir de la sentencia emitida por la Corte el 13 de noviembre 2019”, concluyó.
