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Luego de que en septiembre pasado, el Congreso aprobó las reformas a la Ley de Transporte Público del Estado para endurecer las condiciones de funcionamiento de la plataforma de transporte Uber, al menos 9 legisladores presentaron una controversia constitucional contra lo que fue conocido como Ley anti Uber.
El documento, del cual este medio tiene copia, está dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y busca revertir, además, la reforma al artículo 360 bis del Código Penal del Estado, mediante el cual se posibilita la persecución de oficio, por parte de las autoridades judiciales, de las infracciones que pudieran cometer los asociados a Uber.
La copia en poder de este medio no precisa qué diputados la firman, pero señala que fue presentada por “una fracción minoritaria” que supera el 33% de la diputación, que serían nueve legisladores locales.
Los diputados inconformes hacen uso de la posibilidad que da la Constitución nacional de que el 30 por ciento de los integrantes de una legislatura estatal pueden presentar una controversia.
Los promoventes indican que los actos reclamados son “los vicios graves” que “enervaron” el proceso legislativo que concluyó con las reformas legales establecidas en los decretos 295 y 296, emitidos en noviembre pasado.
Según los legisladores, las reformas violan las garantías de derechos humanos fundamentales, el principio de igualdad y no discriminación, acceso al autoempleo, a la protección de datos personales y a las libertades de asociación y de tránsito, entre otras
Los legisladores aseguran que la promoción de las reformas anti Uber pretendieron simular un proceso legislativo “que no fue debido ni sano, sino forzado, opaco, apresurado y simulado”.
La votación de las reformas es impugnada por diversas irregularidades, como el incumplimiento de publicar con 48 horas de antelación los dictámenes de los decretos impugnados, un adendum ilegal e incluso, que los diputados no sabían qué se votaría.
También señala que la sesión en que se aprobaron los decretos impugnados, celebrada en septiembre, estuvo invadida de “una turba” de taxistas que entorpeció la votación.
