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Una iniciativa legislativa que pretendía convertir a los consejeros ciudadanos del Sistema Estatal Anticorrupción en servidores públicos pagados por honorarios fue rechazada por las comisiones de Gobernación y de Vigilancia, debido a que no fue respaldada con el obligado reporte de impacto presupuestal.
La iniciativa, presentada por la diputada priista Laura Patricia Silva Celis, retiraría en la práctica el carácter honorario de esos cargos.
La reforma se enfocaba en el cambio del artículo 18 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de San Luis Potosí, que establecía que los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) tendrían cargos honoríficos, por los que “no recibirán retribución alguna por su ejercicio, garantizando así la objetividad e imparcialidad en su desempeño”.
El nuevo artículo indica que si bien los consejeros ciudadanos no tendrán una relación laboral ni gozarán de prestaciones, pero sí de una contraprestación formalizada en contratos de prestación de servicios por honorarios.
La legisladora fundamenta su iniciativa señalando que las normas actuales del SEA dan a los integrantes del CPC obligaciones y tareas, incluyendo responsabilidades en caso de anomalías, por lo que, señala, “los integrantes del CPC son servidores públicos y por ende, deben recibir una remuneración por su labor”.
Y la refuerza señalando que la normatividad del Sistema Nacional Anticorrupción prevé que sus consejeros ciudadanos sí reciban una remuneración.
Sin embargo, las comisiones dictaminadoras señalan que la iniciativa carece del obligado reporte de impacto presupuestal, que refleje el monto de erario que requerirá satisfacer el pago de los contratos.
Por ello, declararon improcedente la iniciativa y la desecharon.
