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Por primera vez en varios años, el Congreso de San Luis Potosí es llamado a cuentas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que le pide aclarar las razones del incremento en la nómina de 2018, que alcanzó un monto de 7.1 millones de pesos.
El tercer reporte de la ASF al ejercicio de recursos federales en 2018 incluye una revisión del cumplimiento de todos los congresos estatales a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que incluyó al Congreso potosino, dentro de la auditoría 1751-GB-GF.
La revisión incluyó los 297.7 millones de pesos que recibió el Congreso el año antepasado.
Sobre el cumplimiento del Congreso potosino a la Ley de Disciplina Financiera, la ASF encontró tres inconsistencias, relacionadas con la ausencia de reportes requeridos por el Consejo Nacional de Armonización Contable, que generaron igual número de procedimientos de la Contraloría Interna del Legislativo para determinar si hubo responsabilidades administrativas de funcionarios legislativos.
Por otra parte, el órgano fiscalizador señala que el presupuesto inicial de la nómina legislativa de 2018 fue de 248.1 millones de pesos, y cerró en 255.2 millones. Es decir, hubo un alza de 7.1 millones de pesos.
La propuesta presupuestal de 2018 correspondió a la LXI Legislatura y su cierre correspondió al Congreso actual.
La ASF generó una solicitud de aclaración para que el Congreso “aclare y proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria” por los 7.1 millones de pesos del incremento del Capítulo 1000.
