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Si bien establecimiento del toque de queda o medidas restrictivas es violatorio de Derechos Humanos, frente a la contingencia del COVID-19, que representa un riesgo al bien superior como es la vida humana, la restricción puede validarse siempre y cuando haya una “gran coordinación” entre autoridades de los tres niveles de gobierno, indicó Jorge Andrés López Espinosa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
En entrevista telefónica, el titular de la comisión confió en que ese tipo de determinaciones no se establezcan en San Luis Potosí, y en su lugar, la ciudadanía de las cuatro regiones del estado tome conciencia de quedarse en su hogar, “pues aún está en sus manos” colaborar con las medidas sanitarias de aislamiento social.
López Espinosa planteó que, de aplicarse las mismas, deben ser “muy claras y precisas”, vigilancia policial con gran sensibilidad y sin dejar de lado la información de calidad. “Nosotros apoyaremos cualquier decisión que tomen el Gobierno del Estado y las alcaldías, porque hoy se está jugando el derecho más importante: el derecho a la vida”.
Contextualizó que en otras ciudades del país, se ha establecido ese tipo de acciones, donde los titulares de las comisiones locales han señalado que son actos violatorios de Derechos Humanos, pero ante la posibilidad de entrar en la fase III, donde hubiera una restricción como la libertad de tránsito, se tendría que ponderar que la problemática actual es mundial y está en riesgo un bien superior como es la vida humana.
El ombudsman local aseveró que el organismo autónomo local estará atento a las decisiones del gobierno estatal y de las alcaldías, a fin de que haya respeto absoluto de los Derechos Humanos.
