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Mujeres de la etnia xi’ui, procedentes del interior del estado, entregaron en la sede del Congreso una iniciativa de reforma a la Ley de Consulta Indígena para garantizar el respeto a su derecho a ser escuchadas y a participar en la vida política y las decisiones de sus comunidades.
La propuesta es el resultado final de un taller de capacitación y formación en derechos humanos que se impartió a mujeres de pueblos originarios de los municipios de Santa Catarina, San Antonio, Tancanhuitz y Tamazunchale, entre otros.
Dicho taller se realizó con el financiamiento de organizaciones internacionales y el apoyo de asociaciones civiles potosinas como Nueva Luna, Bienestar y otras.
Organizadas en la “Colectiva Mujeres Vaduam”, de la etnia xi’ui, las mujeres subrayaron la urgente necesidad de que, en sus comunidades, exista una participación política abierta y sin distinción de géneros.
Una de las mujeres de la colectiva, Luisa, quiso ser jueza auxiliar de su comunidad, pero obtuvo como respuesta una negativa de palabra: “No puedes, porque eres mujer y la ley a ti no te contempla”, a pesar de que ya hubo dos mujeres antes de ella que participaron por el cargo.
Lo anterior causó indignación en las participantes del taller y al final las participantes dijeron: “Queremos implementar una iniciativa para que la ley se modifique y podamos impulsar la participación política de nuestras mujeres”.
Luisa, quien salió de su comunidad desde las 2:00 de la mañana para llegar a la capital potosina, fue presentada como un ejemplo de cómo hay muchas condiciones que impiden a las mujeres de pueblos originarios acceder a sus derechos. En sus localidades, dijeron, “hay un marcado machismo; los hombres controlan las comunidades, administran los recursos y toman las decisiones”.
La iniciativa presentada busca modificar los artículos 8 y 17 de la Ley de Consulta Indígena para que exista perspectiva de género y de interculturalidad, igual dentro del comité técnico encargado de realizar la consulta, para que incluya mujeres de las localidades. Se trata de una armonización con las leyes ya votadas a nivel nacional.
