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Sin saber que un viaje a territorio potosino se convertiría en la peor pesadilla, Andrea, ciudadana hondureña naturalizada estadounidense, está desconcertada, triste y lejos de su hijo de 1 año y 9 meses de edad, pues derivado de agresiones recibidas por parte de su esposa, surgió un conflicto legal que la tiene distanciada de su primogénito.
En entrevista vía WhatsApp, relata que arribó a la ciudad el 10 de junio de 2019 con su hijo, procedente de Estados Unidos para estar con su pareja hasta agosto de ese año, dado que había decido vivir una temporada en el departamento de ella.
Matiza que en la Unión Americana ya había recibido agresiones de su esposa, pero no presentó cargos, cuyas acciones lesivas se potenciaron en la capital potosina, pues durante agosto la golpeó fracturándole un dedo, le sustrajo 4 mil dólares de su cuenta bancaria y creó perfiles falsos en redes sociales; semanas después casi perdió la vista en uno de los ojos, debido a que le arrojó cloro.
Para el 23 de septiembre de 2019 colapsó la relación, pues comenzó a notar que su esposa y la madre de ésta organizaban visitas al departamento para llevarse documentación y cosas del niño, tales como pasaporte, documentos personales y ropa.
Frente a ese panorama, llamó al Consulado Americano, el cual le indicó que debería escapar con su hijo a un refugio, objetivo que no fue posible porque la policía arribó, terminando en las instalaciones de Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) para dirimir la problemática. Por tal motivo, se comunicó con Otra Oportunidad A.C., encargada de un refugio para mujeres agredidas, cuya organización le facilitó de forma inmediata una asesora jurídica.
Al intentar salir de oficina donde estaba para ir a encontrarse con la abogada, a quien no dejaban ingresar, su esposa corrió de forma alterada contra ella para forcejearla e intentar quitarle al niño, pues supuestamente intentaba fugarse y raptar a su propio hijo.
En ese momento, Andrea se detuvo y entregó el niño a una persona de la PPNNA para tratar de solucionar la discusión, sin saber que eso implicó la puesta en custodia para la institución, que determinó trasladarlo a una casa cuna.
“Pues tanto mi niño y yo estuvimos en albergues. Yo estuve en Otra Oportunidad por varias semanas y él estuvo como un mes hasta que de la nada, un día yo iba a visitarlo; en ese tiempo me estaba asesorando el Cónsul de Honduras. Él me llama y de repente me dice: ‘su hijo ya no está en la casa cuna’. Que de la nada, la custodia se la otorgaron de forma temporal a los abuelos”, comenta con voz entrecortada en la interlocución.
Dadas las circunstancias, vencimiento de su estadía como turista y no tener a ninguna persona que la ayudara en San Luis Potosí, el 5 de diciembre decidió regresar a Estados Unidos, y al arribar inició un juicio de divorcio y custodia de su hijo, ya que contrajeron nupcias en la Unión Americana.
“Es algo que se está peleando internacionalmente y no es tan sencillo irla a emplazarla allá. Es algo que tarda, es bastante caro y es todo un proceso… y la pandemia no me está ayudando (…) Yo estuve abril, mayo, junio y julio sin ver a mi hijo y apenas hace unas semanas lo vi por 5 minutos triste, mal y amarrado en su silla ¿Cómo o crees que me siento?”, refiere Andrea, quien durante la entrevista recapituló en varias ocasiones, pues en la actualidad debe lidiar con la lejanía de su hijo.
PESAR DE UNA MADRE.
Andrea desglosa que a finales de septiembre presentó una denuncia penal por presunta violencia familiar en la Fiscalía General del Estado (FGE). En contraste, indica que su suegra y pareja la denunciaron por presuntamente lesionar a la primera.
La madre entrevistada, detalla que viajó a San Luis Potosí una vez por mes durante enero, febrero y marzo para lograr ver a su hijo, justo en la época donde repuntaron los contagios de la Covid-19.
Es decir, la última vez que lo vio de manera personal fue en marzo. Fue hasta agosto pasado que el Juzgado de lo Familiar aprobó la realización de videollamadas para poder observarlo, martes y jueves en un horario de 9:00 a 10:00 horas, comunicación que ha sido impedida de forma sistemática por los abuelos.
“La primera semana pusieron excusa tras excusa; la segunda semana solicitaron que estuviera una trabajadora social o una persona (de la PPNNA), a lo cual el juez dijo que no era necesario (…) Hace unas semanas solo lo pude ver por minutos y lo vi del pecho para arriba”, lamenta.
Segundo a segundo implora para poder recuperar al niño, o bien, que el litigio se traslade a Estados Unidos, y así proseguir con el proceso judicial. “Ella, mi esposa me utilizó y lo admitió frente a la señora de la PPNNA. Yo soy ciudadana y le dí la residencia, porque nos casamos”, lamenta tras analizar cómo surgió la problemática.
“Lo que he estado peleando y peleando con este juzgado, es que giren oficios a la Embajada de Estados Unidos y les digan que hay un niño estadounidense, porque yo entiendo que no saben cómo proceder en un matrimonio de dos madres”, expone la mamá.
ESPERA JUDICIAL.
Alejandra Rivera, representante legal de Andrea, indica que se está en el proceso de integración de una carpeta de investigación por violencia familiar, en cual se realiza la traducción de algunos documentos de prueba.
La abogada expone que, aunque las diferencias se dieron entre su representada y su pareja, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) determinó tomar la custodia del niño por la situación de violencia entre las dos.
Ante ello, la presunta agresora presentó una demanda por guardia y custodia, pero el Juzgado de lo Familiar catalogó que al existir una controversia entre las dos, otorga la custodia a los abuelos de ella, pese a que el infante nunca sufrió agresiones en la relación.
“Pasa lo de la contingencia y ellos le cierran totalmente la comunicación a Andrea; no le permiten videollamadas y le dicen que no, o sea, cierran el canal de comunicación, y nosotros no podemos hacer nada por la contingencia”, refiere.
Expone que la Embajada de Estados Unidos no se ha pronunciado, dado que el Juzgado no ha solicitado documentación al respecto, a fin de que la representación estadounidense haga procedimientos diplomáticos conducentes.
“Estamos pidiendo un oficio a las Embajadas de Honduras y de Estados Unidos para que se pronuncien, porque estén violando todas las garantías de los niños, incluyendo derechos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos de los Niños”, concluye.
