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Independiente de la sentencia del juez en la investigación del joven Enrique, asesinado por policías ministeriales en la colonia Las Julias, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se pronunciará a través de un recomendación al respecto, pues resulta “evidente” que hay una violación a los derechos humanos, informó Jorge Andrés López Espinosa, presidente de ese organismo autónomo local.
El miércoles se informó que con base en un procedimiento abreviado, en el que estuvieron de acuerdo los deudos de la víctima, los seis elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME) implicados en el homicidio ocurrido en junio de 2017, obtuvieron su libertad.
López Espinosa recalcó que en este suceso solicitará la reparación del daño, independientemente de lo que el juez haya determinado en su sentencia del caso. “Ahora podemos afirmar categóricamente: que no se trató de una situación de legítima defensa o (…) que estuviera el riesgo la vida de los policías”.
El ombudsman local comunicó que la CEDH ya solicitó copia certificada de la resolución del juzgador en este caso, a fin de tener la certeza de cuál es el razonamiento jurídico que llevó a cabo el juez.
“Nosotros respecto al tema de los pronunciamientos que hace el Poder Judicial en su encargo de administración de justicia… En el ámbito de nuestra competencia no tenemos forma de intervenir en la determinación del juez”, sentenció Andrés López.
Según la PGJE, en unas de las audiencias del proceso legal se mostraron elementos que determinaron que el asesinato de Enrique N. “se trató de una confusión” de los policías, pues ellos buscaban a supuestos criminales.
El miércoles se informó que con base en un procedimiento abreviado, en el que estuvieron de acuerdo los deudos de la víctima, los seis elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME) implicados en el homicidio ocurrido en junio de 2017, obtuvieron su libertad.
López Espinosa recalcó que en este suceso solicitará la reparación del daño, independientemente de lo que el juez haya determinado en su sentencia del caso. “Ahora podemos afirmar categóricamente: que no se trató de una situación de legítima defensa o (…) que estuviera el riesgo la vida de los policías”.
El ombudsman local comunicó que la CEDH ya solicitó copia certificada de la resolución del juzgador en este caso, a fin de tener la certeza de cuál es el razonamiento jurídico que llevó a cabo el juez.
“Nosotros respecto al tema de los pronunciamientos que hace el Poder Judicial en su encargo de administración de justicia… En el ámbito de nuestra competencia no tenemos forma de intervenir en la determinación del juez”, sentenció Andrés López.
Según la PGJE, en unas de las audiencias del proceso legal se mostraron elementos que determinaron que el asesinato de Enrique N. “se trató de una confusión” de los policías, pues ellos buscaban a supuestos criminales.
