Acciones sin plan Reforma por venganza
Una tormenta se avecina para los inversionistas estadounidenses en México, para las empresas de proveeduría y para el futuro de las fuentes de empleo. El punto que mayor atención exige, es la vulnerabilidad de las inversiones que aterrizó desde hace ya casi dos décadas la empresa General Motors en San Luis Potosí. Su planta de ensamble de vehículos, todos para público en general, no soportaría los altos costos de operación de Estados Unidos. Por principio de cuentas, retirarse hacia aquel país obligaría a enfrentar exigencias sindicales que no solventaría con facilidad, si no es por la fabricación de automóviles de alta gama, premium o de lujo, que no son mercado para el territorio del sur del Río Bravo, desde Tijuana hasta la Patagonia.
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Las nuevas condiciones de la relación internacional, serán pruebas de fuego para los gobiernos federal y estatales de México, y sobre todo para el canciller y los titulares de la Secretaría de Economía y de otras afines en los estados. Ahora sí se les medirá por sus capacidades para poner de su parte en las condiciones de mercado que pudieran afectar la relación de los tratados internacionales de libre comercio.
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Un ejemplo de las condiciones de incumplimiento de los tratados comerciales, parecen venir del propio gobierno mexicano, que en sus filas paga nóminas a servidores públicos que por ejemplo desde los mismos puertos permiten el contrabando de productos chinos, que se venden abiertamente en tiendas cuya operación va creciendo de manera progresiva en territorio mexicano. Los reciben en puertos y es en las mismas aduanas donde se encargan de legalizar su importación. Ni modo que sea en otro lado.
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Todavía por estas fechas, no es fácil imaginar cómo abriría una universidad como la “Rosario Castellanos” en un edificio propio, nuevo y bien construido en terrenos de la capital. El ofrecimiento de Gobierno del Estado para utilizar el plantel de otros, es un indicador de que se tiene prisa para abrir la universidad sin proyecto, sin infraestructura y sin mobiliario y probablemente también sin plantilla académica.
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Así, justo sin planes, parece transcurrir el proceso de transición de la administración estatal al sistema federalizado en el Hospital Central Ignacio Morones Prieto. De por sí el gobierno actual es informal para cumplir con pagos de salarios o de adeudos relacionados con sueldos, y si se le agrega otro caos administrativo, la cosa está color de hormiga.
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Y a propósito de mala planeación, cada día que pasa es, a cuentagotas, la enumeración regresiva de los días, las horas y los minutos para que el Poder Judicial del Estado ingrese a la era de la pérdida de seriedad y de la seguridad jurídica de los gobernados. Ya no falta mucho para que los méritos y la preparación profesional y carrera judicial sean reemplazados por la primera generación de juzgadores surgidos de la suerte, de una tómbola, y de perfiles cuya promesa de desempeño también está ligada a la suerte, como también lo estará la administración de la justicia.
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Con base en ese juego de la suerte, es de imaginarse qué sucederá con las decisiones de los órganos jurisdiccionales, cuando los perfiles cayeron por suerte, justo en la época de crisis que más bien obligaba al robustecimiento de la práctica judicial y de la investigación de los actos que desembocan en juicio. Se debe recordar que el sistema judicial venidero es producto de una venganza del expresidente Andrés Manuel López Obrador, sujeto a proceso penal y desaforado por pasar por encima del dueño del predio El Encino para el desahogo de una obra de infraestructura, que mínimo requería de un proceso de expropiación e indemnización justa.
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¡HASTA MAÑANA!