Controversia en Colombia por Acuerdo de Paz: Disidencias FARC y Gobierno Petro

BOGOTÁ (AP) — El noveno aniversario de la firma del histórico acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) era celebrado el miércoles mientras las disidencias de esa extinta guerrilla siguen delinquiendo y aparecen involucradas en una posible infiltración del gobierno.

Actualmente más de 11.000 excombatientes de las FARC siguen con su proceso de reincorporación a la vida civil, lo que para las Naciones Unidas ha sido un éxito. Sin embargo, unos cuantos retomaron las armas y se unieron en bloques que hoy suman miles de insurgentes.

Las disidencias —fragmentadas y con diferentes líderes— siguieron ejecutando acciones violentas con explosivos en zonas urbanas y rurales y alimentando sus finanzas con el narcotráfico y otras rentas ilegales.

El gobierno de Gustavo Petro, el primer presidente de tendencia izquierdista en la historia de Colombia, abrió varias mesas de negociación con las disidencias de las FARC buscando menguar la violencia y acabar por desarmarlas. Pero la mayor parte se levantaron de la mesa el año pasado.

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Otras facciones que se autodenominan Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) continúan en la mesa de negociación y han avanzando en acuerdos para dejar de reclutar menores. Sin embargo, el proceso enfrenta cuestionamientos luego de que una investigación periodística reveló presuntas infiltraciones.

La investigación fue publicada el fin de semana por Noticias Caracol y sugiere que las disidencias estaban obteniendo información de seguridad de un general del ejército y de un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia.

La fiscalía y las instituciones implicadas han anunciado investigaciones internas sobre las posibles filtraciones. En tanto, Petro ha dicho que las acusaciones son falsas, pero de todos modos ordenó un "examen forense" para los chats y documentos que sustentan la denuncia y que, según el medio, provienen de material incautado a las disidencias.

Petro advirtió el miércoles en la red social X a las disidencias encabezadas por alias "Calarcá", uno de los líderes del EMBF, que las atacará si usaron el proceso de diálogo para delinquir.

El escándalo ha significado un remezón político en momentos en que el mandatario intenta mostrar resultados de su política de "paz total" con la que pretende sostener múltiples mesas de diálogo paralelas con grupos armados y bandas criminales.

Logros y retos

La ONU ha advertido que una eficaz implementación del acuerdo de paz de 2016 podría haber evitado los actos de violencia de las disidencias y otros grupos ilegales.

La violencia —que ha provocado el desplazamiento forzado de miles de civiles— también afecta a los excombatientes de las FARC que pasaron a la legalidad. Según la misión de la ONU en Colombia, desde el acuerdo de paz han sido asesinados 481 firmantes.

"En lo corrido de este año suman ya 37 nuestros muertos. Existe un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política, previsto en el acuerdo, con normatividad avanzada pero funcionamiento débil", lamentó Rodrigo Londoño, el que fuera el último comandante de la antigua guerrilla y que ahora dirige el partido político de firmantes Comunes, durante el evento conmemorativo del acuerdo "Sembramos y transformamos".

Aún con el reto en seguridad, el acuerdo de paz cerró cinco décadas de conflicto armado entre el Estado y las FARC, la que fuera la guerrilla más antigua de Latinoamérica, por lo que ha recibido un amplio respaldo de la comunidad internacional.

"Es un hito que transformó la historia reciente de Colombia", señaló en el evento conmemorativo Miroslav Jenca, representante especial del Secretario General de la ONU en Colombia y jefe de la Misión de Verificación. "Este encuentro es una oportunidad para recordar que la paz no es sólo un acuerdo firmado, sino un compromiso vivo que se renueva día a día", indicó.

En octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el mandato de la misión en Colombia, pero con restricciones, por lo que ya no verificará las sanciones del Tribunal de Paz que juzga los crímenes del conflicto, ni el capítulo étnico del acuerdo, que contiene los mandatos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Londoño, cuyo alias en la guerra fue "Timochenko", pidió al Estado ocuparse de esos dos aspectos claves del acuerdo de paz que ya no tendrá bajo su ojo la ONU. Solicitó al actual gobierno acelerar la implementación del acuerdo, para que "no pueda truncarse" en un eventual gobierno opositor que sea elegido el próximo año.