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MADRID.- El anuncio de nuevas y más severas restricciones en vecindarios de clase trabajadora de Madrid para detener el brote de coronavirus de propagación más rápida en Europa puso de nuevo bajo los reflectores un acalorado debate sobre la prevalencia de la desigualdad en España.
Las medidas, que incluyen el requisito de justificar sus desplazamientos fuera de los vecindarios y limitar el número de clientes en tiendas y restaurantes, afectarán a cerca de 860.000 residentes y han sido recibidas con protestas porque muchos de los afectados consideran que las autoridades estigmatizan a los pobres.
España lucha por contener una segunda ola del virus, que ha matado al menos a 30.600 personas, según información del Ministerio de Sanidad.
Madrid se ha convertido en el epicentro del contagio, con una tasa promedio _746 casos por cada 100.000 habitantes en dos semanas— casi tres veces superior a la media nacional de 280. En toda Europa, ese número fue de 76 la semana pasada.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, miembro del conservador Partido Popular, de oposición, y acordaron que los funcionarios centrales y regionales realicen reuniones técnicas quincenales y políticas semanales para coordinar una respuesta más contundente a los brotes.
El gobierno va a seguir proporcionando recursos adicionales de salud y ayuda militar, dijo Sánchez sin dar más detalles.
“Madrid exige de un plan especial”, sostuvo el presidente español. “Debemos estar listos para contemplar otros escenarios si fuera preciso”.
