SCJE revoca amparo que protegía a Cabeza de Vaca; se reactiva orden de captura
Fiscalía General de la República queda habilitada para proceder contra el panista
Francisco García Cabeza de Vaca / Foto: Archivo
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este martes, por unanimidad, revocar el amparo que protegía a Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, contra una orden de aprehensión por delincuencia organizada, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) ya no está impedida para ejecutar el mandamiento judicial.
El proyecto fue presentado por la Ministra Lenia Batres Guadarrama, quien propuso anular la protección del panista. Tras avalar la resolución, el Pleno de la Corte estableció que no se necesita prueba plena, sino datos suficientes para suponer razonablemente que hubo delito y probable participación de la persona imputada para ejecutar una orden de captura.
De esta forma, el Tribunal anunció que se fijó un estándar constitucional que, en términos probatorios, debe cumplirse para librarla en el sistema penal acusatorio.
"En el caso concreto, un juzgado de distrito había concedido la protección constitucional para dejar sin efectos un mandamiento de captura solicitado tras denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera, por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; la SCJN revocó esa decisión y la orden se mantiene vigente", detalló la Corte.
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Cabeza de Vaca reprueba fallo de la Corte
A través de un video compartido en sus redes sociales, Cabeza de Vaca reprobó la decisión del Máximo Tribunal y acusó que esta "evidenciaba que Morena nunca quiso mejorar al Poder Judicial".
El exmandatario aseguró que hubo maniobras, presiones y "una intervención sistemática" para apartar a los juzgadores del caso y mover el asunto "hasta colocarlo en manos afines al poder". Apuñó que las y los ministros no resolvieron el fondo del asunto cuando pudieron hacerlo.
"Lo fueron empujando hasta que entró la nueva Suprema Corte, electa bajo los acordeones que ellos mismos partieron y que casualmente le llegara a la Ministra Lenya Batres Gualdebarrama. Y entonces sí, avanzaron para sacar una resolución a modo. Eso confirma que no les interesa la justicia, les interesa perseguir un opositor que en el año 2019, cuando aún era Gobernador de Tamaulipas, descubrió, decomisó y denunció formalmente las redes criminales de huachicol fiscal que operaban en el Estado y que robaban recursos públicos de los mexicanos a través de evasión de impuestos", remarcó.
El exgobernador de Tamaulipas dijo que le resulta evidente que el huachicol fiscal funcionó para financiar las campañas políticas de Morena y también para sellar un pacto con el crimen organizado.
"Voy a seguir enfrentando esta persecución política desde Estados Unidos, recurriendo a cualquier instancia legal y promoviendo cualquier acción que sea necesaria para que la justicia alcance a todos aquellos que hayan utilizado el poder para perseguir a opositores, fabricándoles delitos, que hayan calumniado o difamado a opositores y sobre todo que hayan pactado con el crimen organizado, solapando y protegiendo a las estructuras criminales, convirtiendo a México en un narcoestado", finalizó Cabeza de Vaca.
A partir de esa denuncia, Cabeza de Vaca denunció que vinieron presiones, amenazas y persecución política. "Hoy, 6 años después, queda claro por qué. La red de corrupción y el desfalco más grande en la historia de México se orquestó desde Palacio Nacional, un quebranto a la nación por más de 600 mil millones de pesos que se convirtió en el negocio de Andrés Manuel López Obrador", señaló.
Cabeza de vaca acumula 70 denuncias
El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal, informó en agosto del año pasado de 70 denuncias contra la Administración de Francisco García Cabeza de Vaca, de las cuales al menos 14 son de carácter penal. Estas acciones legales se derivaron de la detección de un nuevo desvío de recursos públicos por un monto superior a los 343 millones de pesos.
Las denuncias fueron presentadas en contra del exgobernador y diversos exfuncionarios de su administración por la presunta adjudicación ilícita de contratos.
"Se estima un quebranto aproximado de 343 millones 966 mil pesos; esas cantidades de dinero fueron pagadas a dos empresas que están vinculadas a los hermanos Carmona, en donde las empresas que fueron beneficiadas son Grupo Industrial Permart, representada por Julio César Carmona Angulo, y Grupo Industrial Joser, representada por Carlos Alejandro Romero Vega", dijo Saldaña Magaña.
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