Fue un potosino, en la segunda mitad del siglo XIX, férreo defensor de los derechos de las mujeres, y opositor a la militarización gubernamental. Ponciano Arriaga Leija destacó como tribuno en el Congreso Constituyente, y es reconocido como artífice ideológico de la Constitución de 1857.
Entre los cargos desempeñados durante su vida, se encontraron los de regidor del Ayuntamiento Potosino, secretario general de Gobierno, diputado local, diputado federal, senador, gobernador del Distrito Federal, y de Aguascalientes, y ministro federal, en dos ocasiones, durante los gobiernos de Mariano Arista, y de Benito Juárez.
Derivado de su trayectoria se convirtió en referente, símbolo y casi patrono de abogados y legisladores potosinos. Así, no resultó sorprendente, que su cabeza fundida en bronce, fuera colocada como remate visual en la escalinata que da acceso al salón de Sesiones del Congreso del Estado de San Luis Potosí.
Como resultado de la bárbara manifestación ocurrida el día de ayer por la tarde, en nuestra ciudad, un grupo de inconformes, después de ingresar violentamente al recinto legislativo, y destruir todo lo que encontraron a la mano, cargaron contra el bronce del jurisconsulto, y lo arrojaron a la mitad de la calle, entre papelería oficial, restos de muebles y objetos destrozados y quemados.
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Nada de extraño tiene lo ocurrido, en una ciudad donde el alcalde no tiene mayor interés, ni compromiso con la ciudadanía que lo eligió, como no sea regar el narciso, para lograr posicionarse en el imaginario, como un candidato fuerte a la gubernatura.
Tampoco nada de sorprendente, cuando el gobernador ha mostrado una pusilanimidad absoluta, y una incapacidad progresiva y galopante, para lograr –y no digo plenamente– el ejercicio de la autoridad, incluso en su propio gabinete.
Qué podemos esperar con el secretario general de Gobierno que nombró desde el inicio del sexenio, y que no sabe decir otra cosa que todo está dentro de la normalidad, comparado con la media nacional, o excelente dentro de un panorama internacional. Lo único que pudo decir ayer, fue que –a imagen y semejanza del criticado Andrés Manuel– no se cayó en provocaciones, y la respuesta de las fuerzas de seguridad públicas, fueron idóneas, según las necesidades frente a los hechos. Abusan de la no violencia lopezobradorista para justificar sus incapacidades.
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Lo ocurrido nos permite formular algunas consideraciones dentro de la perspectiva de la violencia social, surgida en el entorno de una explosión derivada del estado de psicosis y locura que se vive durante la pandemia.
Sin embargo, antes de continuar, me gustaría precisar que no estamos en un entorno de ingobernabilidad, antes bien, a los potosinos nos gusta el orden; pero sí, estamos en medio de una crisis de incapacidad gubernamental.
Dicho lo anterior, y luego de remarcar que estamos gobernados por unos incapaces, menciono de nuevo, que en cualquier manifestación de descontento social, se arremeterá contra los elementos simbólicos de autoridad y poder: Fiscalía del Estado, recinto legislativo, y palacio de gobierno, se ubican dentro de estos símbolos.
Mientras redactaba estas líneas, un amigo historiador (de los de antes, no de los microespecializados en microespecializaciones, de microperiodos) me recordaba el análisis de John Tutino refiriendo causas que permitieran explicar la violencia social que antecedió a la rebelión de 1810: inseguridad, economía inestable y falta de esperanza.
Así, aunque partiéramos sólo de lo generado psicológica y sociológicamente por la pandemia maligna, debemos agregar otros elementos como los del párrafo anterior, el factor George Floyd, y las pugnas políticas nacionales, debemos agregar los muy particulares ingredientes locales.
Panistas que se sienten impolutos tirando la primera piedra, ¿no vieron las declaraciones de Rolando Hervert?, hubiera salido a confrontarlos; Eugenio Govea, reclamando mediante sus redes sociales al gobierno del centro la situación de Jalisco, cuando agradecido debería estar que no quemaron la sede de su partido, con él adentro; una autoridad municipal, que debería ser la primera respondiente, preparando su próximo comercial; un secretario general de gobierno respondiendo estupideces; un gobernador lidiando con una secretaria de Salud, que resultó más voraz y trinquetera que la doctora Ramos en el DIF; personas que mueren más por violencia e incapacidad, que por el virus.
Ponciano Arriaga, símbolo de la ley, no pudo ser salvado ni por fuerzas del orden, alcalde, legisladores, secretario general de gobierno, y gobernador, de la chusma enardecida por la colérica coronavérica.
Gracias por la lectura; cuídese de la siguiente pandemia: la locura.