No se justifica la violencia pero varios dirigentes políticos parecen glorificarla cuando se rasgan vestiduras y piden mano dura contra manifestaciones que, ciertamente, terminan en actos vandálicos -como los ocurridos el fin de semana en la sede del congreso local-. Aún y cuando se haya actuado, suponiendo sin conceder, con relativa “prudencia”, según el gobierno estatal, siempre quedará la impresión de que se ha empleado una fuerza institucional cuyo uso ronda entre lo arbitrario y lo legal. ¿Por qué? Pues porque, históricamente, la fuerza policial no ha ganado plena legitimidad, sobre todo cuando lo que prevalece es una situación de “dejar hacer, dejar pasar” que ha llevado los niveles de inseguridad pública a extremos vulnerables y de evidente desconfianza social. Entonces, la pregunta que salta de inmediato es: ¿y la prevención? O, tal vez, con más sentido político que jurídico: ¿y la capacidad de previsión? ¿Por qué los personeros del Estado, en sus distintos niveles de competencia, no actúan con esa capacidad para “evitar que la sangre llegue al río”? El “sospechosismo”, diría un clásico, es inevitable si queda la impresión de una deliberada falta de previsión.
Lo anterior implica la urgente necesidad de que los gobiernos estatales, que han sido señalados por actuar con excesos de sus fuerzas policiales, esclarezcan los grados de responsabilidad en que han incurrido sus personeros y representantes. Más aún, si como en el caso del gobernador Enrique Alfaro, del estado de Jalisco, se llega al punto de culpar a otra entidad gubernamental (el gobierno federal) de la evidente brutalidad de la policía local en su feudo, pues ya ni para dónde hacerse podrá ese personaje. Y, en efecto, más temprano que tarde, Alfaro terminó reculando de su acelerado lance político en contra de AMLO y de Morena, calculando mal el impacto que buscaba su burdo anatema moralizante, cuando es más que claro en el país el contexto desestabilizador que se ha empeñado en construir un sector de la derecha más recalcitrante. Entrado en gastos, Alfaro apareció comandando un grupo de gobernadores de oposición que, con el pretexto de fortalecer el régimen federal, más parecieran apostar a crear un frente político-electoral que les garantice cierta “seguridad” para cuando el destino los alcance. Eso, sin contar su aspiración presidencial en 2024.
Y, bueno, regresando al caso de los hechos suscitados en el congreso local, no deja de ser curioso que ese recinto en el que tanto se ha degradado la representación política de la sociedad potosina con actuaciones vergonzosas de no pocos diputados que, incluso, han alentado el riesgo cierto de enfrentamientos violentos entre grupos clientelares y/o corporativizados, ahora exijan un trato distinguido, comedido y apresurado de las autoridades correspondientes para reparar el agravio que, ciertamente, ha sufrido ese poder del Estado, pero del que también, de alguna manera, han participado desde hace rato, por lo menos por tanta omisión de los reclamos ciudadanos. Pero, en efecto, esa violencia (cuando menos simbólica) que allí se ha prohijado en contra de los intereses ciudadanos, no debe ser contenida con más violencia que redunde en actos vandálicos. Pero, tampoco, el pretexto para “resolver”, con abuso de fuerza y poder, los legítimos reclamos. En todo caso, contra la violencia manifestarse y… precaverse.
