[Spoiler alert: Lo importante sí tiene quien le escriba]
Protección a la niñez, escenarios demográficos, violencia, salud reproductiva, gamificación y aprendizaje adaptativo, conectividad y reducción de brechas digitales, regeneración urbana para la integración social, waternet, nueva movilidad urbana, educación y nutrición, salud y agricultura, actividad física y deportiva, ópera y niños, patrimonio cultural, desigualdades sanitarias, gasto sanitario y disponibilidad de medicamentos para enfermedades crónico-degenerativas, sexting, ciberbulling y grooming, turismo con conciencia, voto por celular/internet, autismo e integración, viabilidad futura del sistema de pensiones, artes y humanidades, precariedad salarial, democracia sindical, preservación del patrimonio natural; y un etcétera interminable.
¿Quién define lo que es o no importante para una sociedad? ¿quién tiene la capacidad de hacer visibles determinados asuntos en el debate público para tratar de incentivar la creación de políticas que les puedan atender?.
En la jerga de las políticas públicas –esa disciplina tan manipulada- se entiende por agendación al complejo proceso a través del cual los asuntos públicos se problematizan en aras de que sean atendibles. Imagine Usted que las instituciones gubernamentales son aparatos que tienen una capacidad limitada de procesar solo los problemas que son reconocidos como prioritarios o importantes; lo que generaría un mercado secundario de negociación donde grupos de interés, individuos, organizaciones y demás personajes compiten para lograr ingresar sus asuntos –sublimes o perversos, legítimos o no, relevantes o frívolos- a esta selecta lista de temas para que sean considerados como asuntos atendibles y que en consecuencia, se generen actos de autoridad como legislar en la materia, asignar presupuesto o implementar acciones de gobierno. Pues bien, ya no lo imagine; más o menos así funciona.
Desde ya le advierto que no existe un solo método de incorporación de asuntos en la agenda pública. Y también el informo que esta Agenda no es un ente proactivo e inteligente que tiene la capacidad natural de reconocer y distinguir lo que es importante o prioritario. Se trata más bien de una construcción social donde las personas que participan en este proceso cuentan con capacidades y recursos –asimétricos- que les habilitan de manera diferenciada para lograr “subir” sus asuntos a la agenda pública. Es una contienda de muchos jugadores donde no hay árbitro ni cancha pareja.
Es así como podemos apreciar que se construyen discursos políticos, agendas legislativas, estructuras presupuestales, programas públicos y acciones de gobierno que atienden a una lógica reactiva en función de los temas que son considerados como prioritarios o importantes –no es lo mismo-, y de la misma manera vemos cómo se dejan de lado otros muchos temas que a simple vista o con sólida evidencia incontrovertible, resultan de urgente u obvia resolución, pero que por alguna desconocida razón, no son considerados en la agenda.
Hay quien ha propuesto como hipótesis, que los gobiernos solo procesan los asuntos que les son rentables –lo que sea que ello signifique-. De momento no quisiera centrarme en esa línea de argumentación sino más bien proponer este asunto como un problema de método de conocimiento y como un reto democrático.
Quizás debemos prestarle más atención a la manera en que entendemos nuestra propia realidad. Hay un poco de sociología en esto: la realidad es objetiva, pero la manera en que la interpretamos y la experimentamos es tremendamente subjetiva. Parece que carecemos de métodos efectivos para lograr definir agendas amplias donde sean reconocidos los distintos puntos de vista de manera auténtica, inclusiva y consecuente. La naturaleza proactiva de nuestra agenda también es un asunto crucial: No necesitamos sismos para desarrollar agendas de protección civil, no necesitamos incendios para generar medidas de protección ambiental, no necesitamos muertes en las escuelas para formular estrategias de prevención de la violencia. Es también un reto democrático porque implica la capacidad de incorporar –insisto, de manera auténtica, inclusiva y consecuente-, sin simulaciones ni regateos, a los muchos públicos –y sus problemas diferenciados- que se encuentran presentes en una sociedad. Incuso a aquellos que no tienen voz, que no gritan, que no toman las calles o que no representan grandes ganancias políticas.
Quizás sea buena idea repensar los métodos participativos para gobernar. En una de ésas descubriremos que desde una práctica más amplia de la democracia, la agenda pública se perfecciona mientras se fortalece la eficacia de un gobierno para resolver los problemas de la gente. ¿O gobernar en democracia no se trata de eso?.
Twitter. @marcoivanvargas