Suena el teléfono. Cuelgo en cuanto oigo que si puedo contestar una encuesta, sobre todo cuando dicen que es sobre intención de voto. Casi nunca se sabe quién habla, si alguna encuestadora seria o de los mismos partidos o algún extorsionador y por lo mismo nos generan desconfianza.
Mucho se ha dicho recientemente que la justicia no se consulta, a propósito de la solicitud del titular del Poder Ejecutivo para hacer una consulta pública sobre juzgar a los extitulares del mismo, solicitud avalada por el Poder Judicial.
¿Debería haber una consulta sobre si deben hacerse más consultas (y referendos y plebiscitos)?
Acaso no estamos acostumbrados a participar con opiniones y propuestas en la vida pública, más allá de emitir un voto por tal o cual color cada tres años y gritar en las redes sociales. Hay consultas que por ley deben hacerse y no se hacen, otras que deberían programarse en ciertas comunidades (cultural, barrial, comunitaria, científica), y otras que suenan más a vacilada y pérdida de tiempo.
El caso es ¿qué se consulta y qué no? Si sí, ¿a quién y cómo? Eso suele estar a contentillo de quienes hacen las leyes y quienes las sancionan: el presidente, los diputados y los senadores, organismos y sus equivalentes en los estados. La justicia también parece selectiva: las pruebas más contundentes y las dudas más fundadas contra funcionarios y sus acciones en el ámbito público son desechadas por amistad o intereses. Léase García Harfuch o Rangel Martínez.
Se ha dicho que la opinión mayoritaria también se equivoca, y que no se debe idealizar la democracia en ciertas cuestiones. Quizá. Deberíamos informarnos, leer un poquito al menos, antes de abrir la boca, y mucho más antes de votar por esto o aquello. Hay que oír a los expertos, los profesionales, a quienes resultan afectados. Hay quienes opinan aclarando que no son expertos, pero también están los súbitos (autodenominados) expertos en el tema del día (de futbol a epidemiología) y quienes sólo quieren ver arder el mundo.
Toda pregunta tiene sesgos y las respuestas igual.
En el ámbito local, el Congreso no realizó una consulta a las comunidades indigenas, lo que provocó un juicio de inconstitucionalidad que resultó en la declaración de invalidez de la Ley Electoral del Estado, a unos meses de las elecciones para gobernador, diputados y presidentes municipales. El error fue justificado con la pandemia, quesque para evitar contagios. Otro diputado culpó a la representante de Valles. Lo cierto es que debió hacerse antes, mucho antes, y de común acuerdo con dichas comunidades. Según los testimonios de quienes estuvieron cerca de este proceso nunca se buscó hacer la consulta, al no dotar de presupuesto y facilidades al grupo técnico encargado de organizarla y realizarla. Al contrario, se habla de complot, desinterés e intereses partidistas.
El Ceepac acaba de anunciar que los partidos deben postular indígenas en 17 municipios de San Luis Potosí, como una «acción afirmativa» para la representación de la población mayoritaria de esos municipios.
En la capital del estado, el Tribunal Electoral dictaminó que la elección del titular de la Unidad de Asuntos Indígenas del Ayuntamiento no cumple los lineamientos de la Ley de Consulta Indígena (2010), por lo que vulnera los derechos de las comunidades plasmados en la Constitución federal. A pesar de ello, la invitación y trabajo con las comunidades no han empezado.
Las encuestas electorales son otras consultas, más interesantes a medida que se acerca la elección de aspirantes. Según la empresa Masive Caller, en los siete distritos federales electorales de San Luis Potosí la intención mayoritaria de voto está entre el PAN (26.2 % a 33.9 %) y Morena (30.2 % a 44.9). Los demás no pasan del 10 por ciento, así que dependen de las alianzas. Al final mucho se resuelve «en corto» a nivel cupular y a los militantes sólo les queda apechugar, mientras los que no estarán en la boleta se suman al proyecto «de unidad» o se quedan lamentando entre dientes la decisión.
Chapultepec, las ciclovías, las zonas naturales protegidas… muchos temas hay que merecen ser discutidos en serio. Hay que interactuar más con los funcionarios, opinar y criticarlos, para eso fueron electos. Y abrirnos de veritas a otras perspectivas. Es alarmante el caso del profesor de Francia que fue decapitado por hablar de la libertad de expresión. En ocasiones no es necesaria la censura: señalar que cierto grupo o ciertas ideas son ‘un peligro’ basta para que haya quienes quieran desaparecerlos.
Como dijo Confucio, tratemos de que nuestras palabras sean mejores que el silencio, ¿no? ¿Usted qué opina?
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