No importa si se trata de Emilio Lozoya, Emilio Varela o Camelia La Texana, el problema está en el grado de descomposición alcanzado por el poder del Estado mexicano en el pasado, teniéndosele como “mafioso” por auspiciar y/o solapar la comisión de ilícitos de todo tipo, sobre todo de “cuello blanco”, en detrimento del patrimonio nacional. De allí que el presidente Obrador llame a cuidar a “Emilio L”, para que no pueda sufrir daño alguno en su integridad física, toda vez que ha empezado a “cantar” en la Fiscalía General de la República, soltando pormenores y nombres de miembros distinguidos de la clase política usufructuaria del poder estatal en el pasado inmediato, implicados en los turbios negocios derivados de la desaseada reforma energética y la corrupción asociada al caso Odebrecht.
La observación del presidente Obrador es pertinente, toda vez que, ciertamente, están en juego intereses muy fuertes y ya se sabe que cuando hay una danza millonaria de recursos económicos de por medio se puede esperar cualquier cosa en cualquier parte del mundo, atendiendo al sobado dictum de que “el capital no tiene patria ni amigos”. En 1975, el controvertido escritor italiano Pier Paolo Pasolini fue víctima de un crimen presuntamente pasional, pero luego todo apuntaría que fue a consecuencia del avance que había logrado (y plasmado en uno de los capítulos de su obra más ambiciosa titulada “Petróleo”) en la indagación de la muerte, supuestamente accidental, de quien fuera director de la Entidad Petrolera de Italia (ENI), Enrico Mattei, así como de todo el contexto mafioso que rodeó ese incidente.
En el caso de nuestro país, es evidente que una peculiar mafia política se apoderó de México desde hace varios sexenios y, también, que no han tenido empacho en dirimir sus diferencias al costo que sea necesario. El padre de Emilio Lozoya fue secretario de energía, minas e industria paraestatal con Carlos Salinas, en el tramo final del mandato de éste último, y es del dominio público que la relación entre ambos personajes se enfrió cuando Salinas pretendió renunciar a Lozoya padre para poner a Carlos Rojas y así concretar negocios del ramo energético con inversionistas extranjeros. Desde entonces, la disputa por negociar lucrativos contratos de ese tipo ha sido de lo más intenso, económica y políticamente, hasta llegar a los vericuetos de la reforma energética, pasando por los sobornos para la campaña de Peña Nieto.
La regeneración de la vida pública nacional, ciertamente, tiene que pasar por la reorientación y refundación del poder estatal en México, en el sentido de que no puede estar más al servicio de una minoría rapaz. Con independencia de lo que declare y embarre Lozoya, es de destacar la intención de limpiar el cochinero registrado en el pasado, no con ánimo de venganza sino de elemental justicia que alcance a los encumbrados que se consideran intocados. El precedente que se puede dejar en este caso es de gran importancia, para proceder en otros casos en los que, tal vez, el monto de lo saqueado sea menor, pero no así el daño a la confianza y esperanza del ciudadano de que las cosas pueden ser diferentes, con representantes del Estado que sí puedan velar por los intereses de todos y no de unos cuantos.
Así las cosas, será interesante lo que salga del ronco pecho de Lozoya, no sólo para develar los “enguajes” que se hicieron con el patrimonio de los mexicanos, sino para evidenciar a toda esa cauda de personeros del Estado que se han aprovechado de sus (en)cargos para traicionar el mandato popular y llevar al país al punto en el que tuvo que ser rescatado, hace dos años, por una mayoría que no podía soportar más daños. Por eso, para avanzar en la orientación de un Estado diferente, el caso Lozoya es trascendente para develar a todos esos políticos “hdspm”, por aquello de que “hoy deseamos saber todo de petróleos mexicanos”.