En 2015, ante la fuerte ofensiva desplegada por la derecha contra gobiernos de izquierda, sobre todo del sur de Europa, pero también aludiendo a la región latinoamericana, el reconocido sociólogo portugués, Boaoventura de Souza Santos, planteaba la necesidad de ponderar el pactismo de las izquierdas a partir de una “sociología de las emergencias” (en “La Jornada”, 5 y 6 de enero de 2016). El objetivo de tal esfuerzo sería evitar la regresión a gobiernos de muy baja intensidad democrática, esos que privilegian el miedo por sobre la esperanza. Para evitar una regresión autoritaria de ese tipo, Santos proponía dos medidas esenciales: reformas constitucionales que fortalecieran “el derecho a tener derechos como una conquista civilizatoria irreversible” y una lucha constante por direccionar “las ideas de sociedad que sostienen el pacto” para privilegiar un gobierno de consenso más que de coerción.
Guardadas las proporciones, bien se podría abrevar en los planteamientos de Santos para tratar de entender la lógica de las posibilidades de un pacto político-electoral, con miras al proceso comicial de 2021, en el caso mexicano. Desde el momento en el propio presidente AMLO ha marcado una hoja de ruta que parte del reconocimiento de un proceso de polarización política creciente, al extremo de señalar que hay dos bloques en pugna que identifica como “conservadores y liberales”, es dable pensar que un pacto, con expresiones políticas y sociales que ofrezcan alinearse en uno u otro lado, es posible por la misma dinámica de acumulación de fuerzas. De entrada, habría una consideración que se pondría por encima de cualquier otra y es la de parar los embates de una derecha que apuesta por la salida del presidente Obrador (“hoy, hoy, hoy”, citando a un clásico de botas y bigote que no es Santa Claus, por supuesto).
Para mantener la esperanza por encima del miedo, el actual gobierno ha empujado reformas que elevan a rango constitucional programas sociales, así como tratar de dotar de un sentido ético a las acciones de los personeros de la cuarta transformación. Sin embargo, no es tarea fácil llevar adelante cambios de ese calibre si perviven prácticas de corrupción que no ha sido fácil desterrar, por lo que no basta (“aunque es mucho”, parafraseando a Santos) con empujar un “constitucionalismo transformador” si no se acompaña de un proceso (contra)hegemónico que permita ganar un poder estable y -también- transformador de las relaciones sociales prevalecientes, en términos de concretar una real y efectiva justicia social.
En uno de sus textos sobre “la refundación del Estado en América Latina”, (Universidad de los Andes, Siglo XXI, 2010), Santos describe los grandes cambios empujados en esos niveles en los inicios de los gobiernos de Evo en Bolivia y Correa en Ecuador, advirtiendo sobre la necesidad de profundizar en esa suerte de “experimentalismo estatal”, so pena de la regresión que, vimos no hace mucho, alcanzó a esos países hermanos que, empero, avanzaron enormemente en la reivindicación de la plurinacionalidad, la interculturalidad y la reorientación de las prioridades del Estado a los sectores vulnerados históricamente por la opresión colonial y capitalista.
Así las cosas, aunque aún falta tiempo para definir el derrotero político-electoral de la cuarta transformación con miras al proceso intermedio del próximo año, el contexto actual de polarización, empujado por intereses político-económicos de oposición, abre cualquier posibilidad de pactos y/o alianzas entre fuerzas político-sociales de uno y otro lado del espectro ideológico considerado en términos de izquierda-derecha. Refundar el poder del Estado mexicano sobre nuevas bases… o refundirlo, parece ser una primera cuestión a resolver en los alcances de un pacto, no sólo para reformas legales de alto impacto, como para seguir dotando de sentido ético el ejercicio del poder político.