Por qué los van a investigar

¿Y por qué se tendría que investigar a los hijos de López Obrador? ¿Cuál es la razón?. Así respondió, iracunda e indignada, Claudia Sheinbaum a una pregunta incómoda durante su conferencia matutina, en medio de la polémica por la investigación sobre el mayor quebranto documentado en la historia moderna del país: el huachicol fiscal.

La pregunta, sin embargo, parte de una premisa equivocada. En una democracia moderna no se investiga por consigna ni por animadversión, pero tampoco se cancela una indagatoria por apellido. Se investiga cuando hay indicios, documentos, conflictos de interés y patrimonios que no cuadran. Y en este caso, razones sobran.

Una de ellas es El Clan, nombre con el que se conoce la investigación que documentó una red de tráfico de influencias y negocios opacos en torno a los hijos mayores de Andrés Manuel López Obrador y a su círculo cercano de empresarios, operadores y funcionarios públicos. Audios, archivos y contratos exhibidos colocaron en el centro del debate la relación entre poder político y poder económico, uno de los mantras del expresidente.

La red opera a través de posiciones estratégicas dentro del gobierno ocupadas por amigos cercanos de Andy López Beltrán a quienes habría colocado en puestos clave del gobierno de su padre y desde ahí facilitar el acceso a contratos y negocios. Entre ellos destacan Marath Baruch Bolaños, secretario del Trabajo ratificado en el nuevo gobierno; Daniel Asaf, exjefe de la Ayudantía de la Presidencia y hoy diputado federal; y Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT y amigo de Andy desde la preparatoria, con control sobre áreas críticas como fiscalización y aduanas. El Clan habría recibido decenas de contratos de obra y prestación de servicios en diversas dependencias del gobierno federal, como Sedatu y Semarnat, así como en gobiernos estatales de Morena, entre ellos Tabasco y Quintana Roo.

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La gravedad aumenta con los audios de llamadas telefónicas filtradas sobre el negocio del balasto. Ahí aparece la frase que se volvió símbolo del escándalo: si después hay un descarrilamiento, "ya será otro pedo".

Y efectivamente, el Tren Maya ya ha registrado al menos dos descarrilamientos documentados y, a finales de 2025, el Tren Interoceánico sufrió uno con 14 víctimas mortales y decenas de heridos. Hasta hoy no existen indagatorias judiciales derivadas de esas grabaciones.

El año pasado, los hijos de López Obrador volvieron a aparecer alrededor del caso del huachicol fiscal. Aparecen los nombres de Andy y Bobby López Beltrán, no como imputados, pero sí como referencias dentro de la investigación. Andy es mencionado como protagonista de tensiones internas y disputas dentro del gobierno por el control del negocio del huachicol.

A todo ello se suma el inventario de lujos y excesos que desmoronó el discurso de la austeridad republicana y la pobreza franciscana del obradorato. No es ilegal viajar ni consumir marcas, pero sí es políticamente demoledor hacerlo mientras se predica la justa medianía.

Sheinbaum tiene razón, no hay nada qué investigar. Excepto una red de influyentismo documentada, audios con nombres y negocios, riesgos técnicos que se materializaron en muertes, coincidencias en contratos públicos millonarios, referencias en un expediente sobre crimen organizado y un estilo de vida incompatible con ingresos conocidos.

En una auténtica democracia, nadie está por encima del escrutinio público, ni siquiera los hijos del expresidente o del mentor político de la Presidenta. El poder no hereda impunidad. Y quien se ofende ante la palabra "investigar" no defiende a una familia: defiende un privilegio y exhibe su miedo.

*Diputado federal