Algo, aunque poco, se ha escrito desde el punto de vista historiográfico sobre los agravios cometidos en contra de los indígenas en lo que hoy es el estado de San Luis Potosí. Apenas si sabemos de los excesos de Nuño de Guzmán durante el siglo XVI, en la Huasteca; ya no tan lejano, pero también durante el virreinato, se ha escrito sobre el amparo que a la Real Justicia solicitaron los naturales de Santa María del Río; de los pleitos de los vecinos del barrio del Montecillo contra los frailes carmelos; de los abusos del bachiller Maldonado-Zapata cometidos contra el pueblo de Armadillo; de cómo el visitador real José de Gálvez pasó por horca y cuchillo a los tumultuarios de 1767, mucho afectando a los ayuntamientos de indios.
La independencia y el siglo XIX tampoco fueron limitantes para que continuaran los maltratos; lo mismo hubo abusos que despojos: los abusos contra los pames de la zona de los valles intermedios; Juárez en su republicanismo radical también hizo lo suyo contra los indios; luego vino el porfiriato y con él, al grito de muerte a todo el de pantalón, el levantamiento de Juan Santiago, en la Huasteca, donde también se dieron los crímenes del esclavista Salomón Morales; también de ese periodo fue la rebelión de Mauricio Zavala, cura socialistoide del Valle del Maíz, que acabó sus días como canónigo en Yucatán
Ciertamente, a diferencia de otros estados, San Luis Potosí ha sido un espacio benévolo a los pueblos indios, pero también ha aportado a las cuentas del rosario.
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Mucho me hubiera gustado escribir sobre cómo el diputado Pedro Carrizales se enfrascó en una absurda discusión en redes sociales con el doctor John Ackerman; o cómo las cámaras empresariales –como sumiso ganado lanar– cerraron filas en torno al secretario de Seguridad Pública; de los cambios en la dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento potosino; sobre la absurda pero necesaria ciclovía; sobre el secretario de la facultad del Hábitat quien violenta físicamente a los alumnos; sobre un rector pusilánime frente a los problemas que enfrenta Radio Universidad; sobre el problema de los migrantes en puerta. Me voy a quedar –por ahora– con las ganas; es necesario ventilar un tema de mayor interés.
La Ley de Consulta Indígena del Estado obliga a que los planes estatal y municipal, deben ser consultados con los pueblos y comunidades indígenas existentes en el padrón que reconoce la existencia de tres comunidades indígenas en la ciudad de San Luis Potosí: mazahuas, mixtecos y triquis; los dos primeros reclamaron por no haber sido consultados para el plan municipal de desarrollo.
Una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos señala al Ayuntamiento sobre esta omisión, a lo que el maestro don Francisco Xavier Nava Palacios señala, torpemente, que sí lo hizo, porque les organizó un foro, el 27 de noviembre de 2018. Es absurdo su decir, ya que él como abogado que es, sabrá mejor que muchos, que un foro no sustituye a un proceso de al menos 11 pasos, entre los que destacan consensos con las comunidades, de acuerdo a sus usos y costumbres, y convocatorias en sus lenguas.
En este mismo sentido, el secretario del Ayuntamiento al enfrascarse en una de dimes y diretes con el presidente de la CEDH, llevó un diálogo que debería ser serio y constructivo, a un nivel de pleito quintopatiero. Fifiócrata al fin.
La Constitución del Estado y su ley reglamentaria del artículo 9°, señala que todo municipio que tenga presencia indígena debe contar con una dirección o unidad especializada en asuntos indígenas; el Ayuntamiento de la capital no la tiene, a pesar de ser sabido que se cuenta con comunidades indígenas, las cuales son también las que proponen a los titulares de dicha unidad.
La conformación de esta unidad no ha ocurrido en la práctica, aunque el secretario técnico del Ayuntamiento, la regidora Raquel Bárcena Janet, y el secretario del Ayuntamiento Sebastián Pérez García, dicen que ya han avanzado. Sin embargo ¿cómo pueden avanzar si ni siquiera han convocado a las comunidades?
Ya un juez de distrito reconoció este derecho y obliga al Ayuntamiento a crear esta dirección; como el Ayuntamiento no lo ha realizado, se encuentra en incumplimiento desde hace más de diez días. Es lógico suponer que el juez seguramente hará un apercibimiento con una respectiva multa (que desde luego no les importa porque no pagan de su bolso, sino del de los contribuyentes) y de continuar y llegar al desacato, puede derivar en destitución del cargo.
Derivado de esta abulia municipal, hoy durante la última sesión del periodo ordinario del Congreso del Estado la diputada morenista Marité Hernández, presidente de la Comisión de Vigilancia, aceptó elevar un punto de acuerdo al Ayuntamiento –pero llamémosle invitación– para que el alcalde explique los motivos del incumplimiento de la sentencia y la omisión a pronunciarse sobre la recomendación de la CEDH.
Resulta el hecho interesante, porque no sólo muestra el despreció y desinterés con que se trata el tema de los pueblos y comunidades indígenas en San Luis Potosí, sino también porque será la primera ocasión que la actual Legislatura hace un citatorio para una reunión de trabajo a una autoridad electa por sufragio popular. Flaco honor el que tocó a Navita.
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Por cierto, como ya señalé, hoy termina el periodo ordinario de la Legislatura, y las dos iniciativas sobre interrupción voluntaria del embarazo, y garantía a la vida sin afectar los derechos humanos de las mujeres, quedaron congeladas, seguro por dos motivos –los mismos de siempre– los legisladores aparte de zánganos son unos cobardes.
Dicen los que saben, y los que no, repiten, que hoy es sábado social, disfrútenlo, pero no se excedan.
Agradezco al doctor Guillermo Luévano Bustamante, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico, del posgrado de Derechos Humanos de la UASLP, la asesoría –que casi degeneró en descarado plagio– para la realización de esta columna.