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El proyecto de sustitución del Hospital Central Ignacio Morones Prieto, considerado en el pasado informe de gobierno de Juan Manuel Carreras López como uno de los principales logros de su administración, fue blanco de serios cuestionamientos por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su último reporte de evaluaciones a la inversión federal ejercida por dependencias potosinas durante 2018.
La revisión de cumplimiento de inversión física 2018-A-24000-22-1284-2019 1284-DS-GF encontró anomalías y errores que hacen concluir a la ASF que la licitación, que ganó la constructora Ingeniería y Control de Proyectos SA de CV con una propuesta de 643.1 millones de pesos, debió haberse declarado desierta.
Por si fuera poco, la auditoría detectó irregulares adicionales en el manejo de un adelanto millonario entregado por el gobierno estatal a la constructora que, para la ASF, también obligaban a la rescisión del contrato.
Además, la ASF detectó que en el proyecto no se consideró la instalación y puesta en marcha de las unidades manejadoras de aire, ventiladores de impulsión y extracción de aire, así como las tuberías de protección contra incendio.
También detectó el pago extraordinario de partidas formalizadas con convenios modificatorios fuera del tiempo establecido y sin dictamen justificatorio, el pago injustificado por concreto no utilizado y hasta la renta de bodegas “fantasma”.
Por todas estas situaciones, el dictamen final del documento de 32 páginas establece que “los Servicios de Salud del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, no cumplieron las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia”
Licitación nula
Los vicios en el proyecto del Hospital Central se iniciaron desde el proceso de licitación, pues, de acuerdo al reporte de la ASF, los Servicios de Salud “realizó una deficiente evaluación de la propuesta ganadora, debido a que no verificó que en el análisis de financiamiento presentado se consideraron montos mensuales diferentes a los indicados en el programa de ejecución”.
El proyecto, explica la ASF, preveía un factor de amortización del anticipo de 30%, pero en 2018 se aplicó un 34%.
Esto generó un sobreprecio de 25.8 millones de pesos, de los cuales, 14 millones se pagaron en 2018. Este año, se tenía previsto el abono de 6.1 millones de pesos y en 2020, se finiquitaría con 4.7 millones de pesos.
La ASF ordenó a los Servicios de Salud la reintegración de la cantidad pagada, es decir, los 14 millones de pesos, pues consideró que con su pago, se había causado daño a la hacienda pública, y recalcular el monto del remanente de los dos años siguientes.
Este pago excedente tuvo una consecuencia más grave, pues dio pie a la ASF a señalar las deficiencias en la evaluación de la propuesta ganadora “que derivó en una injustificada adjudicación del contrato de obra pública”.
Y es que el documento señala que la elección de Ingeniería y Control de Proyectos SA de CV dejó fuera a otras dos propuestas técnicas que fueron desechadas por no cumplir con las bases de la convocatoria.
“Sin embargo, la propuesta restante a la que se adjudicó el contrato, presentó errores al elaborar los documentos”.
El pago en exceso fue uno de siete errores detectados por la ASDF en la propuesta ganadora, relacionados con costos irreales, doble pago en el servicio de agua, pago indebido de bodegas y falta de cálculo de pago de impuestos.
Estas fallas, determinó la ASF, eran “motivos por los cuales también debió ser descalificada (la propuesta ganadora)”.
El reporte hace notar que la propuesta beneficiada fue la más cara, pues las otras dos propuestas eran por 527.7 millones de pesos y 457.6 millones.
Esta situación reforzaba la postura contra la licitación ganadora, pues muestran que o garantizaba las mejores condiciones para la entidad.
La conclusión de la ASF en este punto es tajante: “se concluye que dicha licitación se debió declarar desierta ya que ninguna de las proposiciones presentadas reunieron los requisitos establecidos en la convocatoria”.
Causa de rescisión
Pero no fue el único argumento contra la entrega del contrato a la empresa ganadora. La ASF juzgó que otra irregularidad justificaba la cancelación del contrato.
La anomalía está relacionada con el manejo irregular de un anticipo entregado por los Servicios de Salud a la empresa.
Por norma, la dependencia debía entregar un adelanto equivalente al 30 por ciento del monto ejercido en 2018. Es decir, que por los 228.2 millones de pesos autorizados el año pasado, el adelanto debía de ser por 64 millones de pesos.
Sin embargo, los Servicios de Salud entregaron el anticipo del 30 por ciento del monto total de la obra, es decir, los 643.1 millones de pesos que debían ser pagados en tres años. Así, el adelanto fue de 192.9 millones de pesos.
De acuerdo a la cláusula cuarta del contrato de la obra, ese adelanto serviría para adquirir acero para la construcción de la estructura.
“Sin embargo, la contratista no demostró documentalmente que adquirió el acero”, relató la ASF.
Adicionalmente, encontró que los Servicios de Salud no demostraron haber supervisado el programa de cumplimiento del uso del anticipo.
Por esta situación, señala la ASF, “se concluye que la entidad fiscalizada debió rescindir el contrato” debido al incumplimiento del contrato.
Sin sistema antincendio
En otro punto, la ASF señala que los Servicios de Salud hicieron una deficiente planeación, programación y presupuestación del proyecto, debido a que el proyecto original no consideró la instalación y puesta en marcha de las Unidades Manejadoras de Aire de los ventiladores de impulsión y extracción de aire y, más serio, de la red de tuberías de detección de incendios.
Resarcir esa omisión, señala el reporte, implicaba un incremento de 97.5 millones de pesos en el monto presupuestado originalmente, equivalentes a 15% del monto original, lo que elevaba el costo a los 748.5 millones de pesos.
Anta la falta de recursos para cubrir esa cantidad, los Servicios de Salud determinaron pedir autorización a su Comité de Obra Pública licitar la obra omitiendo las partidas para esos equipos, que fue aprobada por unanimidad el 7 de marzo de 2018.
El comité determinó que los equipos de ventilación y de detección de incendios se realizarían cuando hubiera recursos disponibles y que no sería necesario ejecutar obra excedente ni desmantelar la obra existente.
Otra anomalía fue el pago de 103.2 millones de pesos por la presunta renta de bodegas para almacenar material y permitir que pernoctaran trabajadores de la obra. Sin embargo, la ASF no encontró evidencia ni física ni documental de que se hubieran rentado esos inmuebles.
Al final de la revisión, la ASF pide la aclaración del destino de 14.8 millones de pesos. También realizó 4 recomendaciones y ocho promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria contra los funcionarios responsables de las anomalías.
