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La criminalización por anticipado hacia operadores y propietarios de automóviles que participan en Empresas de Redes de Transporte, es el factor que obligó a la presentación de la controversia constitucional contra las reformas a la Ley de Transporte y el Código Penal, informó el comisionado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis González Lozano.
Recordó que la iniciativa no va a favor o en contra de taxistas operadores de empresas de redes de transporte, sino que el punto medular es la observación de que el Congreso del Estado infringió normas de su propia práctica legislativa, pasando por encima de derechos ciudadanos.
Informó que la resolución definitiva de la Suprema Corte de Justicia podría tardar un año, puesto que esa es la experiencia de las acciones de inconstitucionalidad pasadas, de las cuales hay una serie de sentencias favorables.
Aclaró que sin embargo, lo único que pudiera ser novedoso es la criminalización que el propio Congreso del Estado da a los conductores de las empresas de redes de transporte, puesto que las reformas al Código Penal ya dan por hecho que el conductor es un criminal, en el instante en que observa que las conductas se persiguen de oficio.
Recordó que esa situación no había sido expuesta ante el Poder Judicial Federal, porque no había existido un caso similar en alguna legislación del país, o incluso no hay antecedente hallado de que hubiera alguna legislación similar que penalice o criminalice por anticipado a conductores
y propietarios.
Consideró que entonces, es un exceso del Poder Legislativo del Estado tipificara como conducta ilícita el hecho de que alguien ejerza su derecho al trabajo.
