Presenta Guajardo iniciativa de Ley de Justicia Cívica
Plantea la resolución de conflictos cotidianos mediante conciliación y ante jueces ciudadanos
Rubén Guajardo Barrera / Foto: Citlally Montaño-Pulso
El diputado Rubén Guajardo Barrera presentó en el Congreso del Estado una iniciativa de Ley de Justicia Cívica con la que busca que conflictos cotidianos —como choques vehiculares, discusiones vecinales y faltas administrativas— se resuelvan mediante conciliación ante jueces cívicos municipales y no a través de denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
En entrevista, explicó que la propuesta pretende cambiar la ruta actual que, cuando alguna de las partes no asume su responsabilidad, termina en investigaciones formales y procesos que pueden prolongarse durante meses o años, con desgaste para las personas involucradas y afectaciones a la convivencia comunitaria.
Con el modelo de justicia cívica, estos casos podrían atenderse por la vía administrativa mediante acuerdos reparatorios y sanciones, priorizando el diálogo antes que el castigo.
Este esquema, explicó el legislador, ya opera en otras entidades del país a partir de leyes estatales que facultan a los municipios para resolver faltas menores sin judicializarlas.
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La iniciativa contempla la creación de jueces cívicos, figura inexistente actualmente en la entidad, que dependería directamente de los ayuntamientos y no del Poder Judicial, lo que implicará capacitación, infraestructura y un impacto presupuestal para los municipios.
"No existe. Esta infraestructura no dependería del Poder Judicial. Lo que tienen que crear son los ayuntamientos. Claro que debe haber capacitación y formación, y los jueces cívicos dependerán directamente del ayuntamiento. Lo que se busca es que se puedan aplicar multas administrativas o, mucho antes, llegar a la conciliación, pero todo el procedimiento deberá recaer en los ayuntamientos para evitar conflictos entre la sociedad", añadió.
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Guajardo señaló que, aunque confía en que la iniciativa pueda aprobarse en este periodo ordinario, su entrada en vigor podría darse hasta 2027, una vez que los ayuntamientos evalúen su capacidad operativa. Además, en comisiones se analizará si el proyecto debe someterse a consulta ciudadana.
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